La Asamblea de Madrid debatirá en el Pleno del 16 de diciembre la toma en consideración de la Ley Integral de Igualdad y no Discriminación registrada por el Grupo Parlamentario Vox. El texto propone la derogación de la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y de la de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual.

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Así lo han avanzado los representantes parlamentarios durante la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces en la Cámara autómica. Vox la ha activado para esta fecha cuando se cumplirán dos semanas del acuerdo de presupuestos firmado con PP, que dejaba fuera la negociación sobre estas normativas.

La derogación de estas leyes era una de las principales exigencias del partido liderado por Rocío Monasterio, pero la propia portavoz explicó que, finalmente, habían quedado al margen del acuerdo de las cuentas porque carecían de "impacto presupuestario".

Desde el Gobierno regional ya han indicado que siguen trabajando "conjuntamente en ello" y se han mostrado dispuestos a reformar los textos legales porque consideran que son "muy barrocos y antijurídicos" aunque dicen que siempre las han aplicado "de manera razonable" y bajo "el sentido común".

Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, dejaron claro que estas leyes "no son derogables" pero sí "reformables" con el objetivo de "garantizar la igualdad y evitar la discriminación".

Díaz Ayuso reconoció que estas leyes, que emanaron del Gobierno de Cristina Cifuentes, partieron "con una buena intención, sobre todo de buscar el no acoso y la no discriminación de homosexuales y transexuales" pero en el debate parlamentario se escoraron "de tal manera hacia la izquierda" que se incorporaron artículos que, a su parecer, van contra principios básicos, como la inversión de la carga de la prueba.

La propuesta de Vox

La normativa que propone Vox, en el marco de sus competencias, tiene por objeto regular los principios, medidas, instrumentos y procedimientos para garantizar el derecho de toda persona en la Comunidad de Madrid a no ser discriminada, y a ver respetada su dignidad, libertad, igualdad y libre desarrollo de su personalidad, así como el derecho a su integridad física y psíquica, en todas las fases de su vida y en todos los ámbitos de actuación, tanto públicos como privados.

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Todas las personas tendrán derecho a ser tratadas en condiciones de igualdad en cualquier ámbito de la vida, en las esferas civil, laboral, social, sanitaria, educativa, económica y cultural, así como a una protección efectiva por parte de la Administración de la Comunidad de Madrid en aquellos supuestos que sean víctimas de discriminación y delitos con violencia, o sufran trato discriminatorio, vejatorio o degradante.

Con ella, la Comunidad de Madrid garantizará, mediante programas de información y atención, dependientes de la Consejería competente en materia de servicios sociales, la información, atención, formación, sensibilización y asesoramiento respecto de situaciones de especial riesgo de discriminación.

Asimismo, Comunidad y ayuntamientos realizarán actuaciones de promoción y defensa de la igualdad, tendentes a prevenir cualquier discriminación en el acceso al mercado de trabajo y al resto de servicios, derechos y prestaciones.

Además, entre otros aspectos, la normativa implica a la Comunidad de Madrid a adoptar las medidas necesarias para evitar y, en su caso, eliminar, contenidos educativos que impliquen cualquier discriminación o violencia física o psicológica o puedan inducir a la comisión de delitos por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social.