La respuesta de Ayuso a las exigencias de Vox: revisar, sí; derogar, no

  • Las leyes LGTB y contra la violencia de género serán el punto de fricción entre la Comunidad y Vox.
Archivo - la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), se reúne con la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, para tratar sobre la estrategia de vuelta al colegio en la Comunida
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reunida con la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio.
Archivo - la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), se reúne con la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, para tratar sobre la estrategia de vuelta al colegio en la Comunida

La cómoda mayoría parlamentaria del grupo popular en la Asamblea de Madrid y la formación de un gobierno monocolor en la Comunidad otorgan una enorme ventaja a la presidenta Isabel Díaz Ayuso para ejecutar sus políticas sin grandes obstáculos. Sin embargo, ese horizonte desahogado se encontrará durante la legislatura con un inconveniente: durante los próximos dos años, Vox será incansable repitiendo las exigencias que ya lanzó a Ayuso durante su pleno de investidura.

La formación de Rocío Monasterio ha puesto sus líneas rojas en la eliminación de gastos administrativos que consideran un "derroche", para lo que exigen "la venta del edificio de la Asamblea y la reducción a la mitad de los diputados regionales", "el cierre de Telemadrid y, si no se puede cerrar de forma inmediata, la reducción drástica de su coste" y la eliminación de consejerías, pasando "de 9 a 7, que son más que suficientes". Su otro caballo de batalla, en el terreno de la guerra cultural contra postulados de la izquierda, será "la derogación de las leyes de género y LGTB".

En su primera semana de gobierno, la presidenta y su equipo ya se han encargado de marcar los límites de sus concesiones a Vox. La petición de eliminar consejerías ha quedado ya zanjada, con la formación de un gobierno con nueve departamentos, tal y como Ayuso tenía previsto. Por otro lado, mientras Monasterio hablaba de vender la sede de la Asamblea, el grupo popular accedía a firmar un acuerdo con Vox para promover una iniciativa encaminada a reducir los escaños en un número "sustancial", sin especificar la cantidad. Una iniciativa que, previsiblemente, se presentará en un plazo de dos meses, pero que quedará en papel mojado, ya que para llevarla a efecto necesitaría el apoyo de una mayoría cualificada en la Cámara. 

A la exigencia de cerrar Telemadrid o, en su caso, reducir sus costes, la Comunidad responde con la tramitación de una reforma legislativa para que "los miembros del consejo de administración de Telemadrid sean elegidos por la Asamblea de entre los propuestos por los grupos parlamentarios". En la práctica, la nueva ley daría el control de la gestión del ente público a la mayoría que ahora ostentan PP y Vox.

El acercamiento de posturas en lo referido a las leyes contra la violencia machista y por los derechos del colectivo LGTB será más complicado. Por el momento, la Comunidad ha trasladado su disposición a negociar cambios en la normativa, pero en ningún caso se trataría de recortar derechos ya adquiridos por estos colectivos y comúnmente aceptados por la sociedad. La propia presidenta desvió la cuestión apuntando, simplemente, que analizará «qué aspectos pueden ser mejorados». Su portavoz, Enrique Ossorio, matizó que habrá una revisión de la formulación de las leyes, pero no de su contenido esencial: "Su redacción no es la más afortunada. Pero en Madrid se han aplicado con muchísimo sentido común y yo estoy muy orgulloso de lo que han logrado esas leyes". Ahí estará el punto de fricción.

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