PP y Vox llegan un acuerdo para aprobar los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2022

Ayuso recibe a Monasterio en la Real Casa de Correos
Imagen de archivo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio (Vox).
Europa Press
Un pacto sin foto: el consejero Javier Fernández-Lasquetty, y la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, han informado del acuerdo presupuestario para 2022 que han alcanzado por separado. Tanto el PP como Vox han restado importancia a este hecho y han asegurado que lo importante es que conseguido cerrar la negociación y que habrá Cuentas.
EP

La Comunidad de Madrid tendrá unos nuevos presupuestos en 2022. Las Cuentas que presentó el Gobierno regional a finales de octubre saldrán adelante en la Asamblea de Madrid el próximo 22 de diciembre con los votos a favor de PP y Vox. Los populares llevan dos meses negociando el apoyo del grupo del grupo de Rocío Monasterio y las conversaciones entre ambos han cristalizado en un acuerdo de 13 medidas rubricado y publicitado este martes. Ambas formaciones, además, han acordado que bloquearán todas las enmiendas, tanto totales como parciales, de los grupos de izquierda, algo que ha sido muy criticado por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, que consideran que se les hurta la capacidad de enmienda.

El acuerdo alcanzando por PP y Vox consta de 13 medidas de distinto signo e impacto presupuestario. La más importante, en estos dos aspectos, es el compromiso de avanzar en la gratuidad de las etapas educativas no obligatorias. Esto es, educación de 0 a 3 años, Bachillerato y Formación Profesional (FP). “Desde el primer momento, Vox dijo que era importante para ellos”, ha destacado el responsable autonómico de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, sobre esta medida.

Aunque el Ejecutivo la rechazó en un primer momento por su elevado coste, se ha pactado un calendario de implantación a cuatro años que permitirá convertirla en realidad. El compromiso que Vox ha arrancado al PP pasa por ir reduciendo los costes educativos para las familias. La educación infantil será gratuita en los próximos tres años a razón de incrementar las ayudas y el número de beneficiarios un 33% por ejercicio. En Bachillerato y FP se seguirá el mismo esquema, pero el porcentaje de aumento anual será del 25% por año a lo largo de los próximos cuatro.

Esta medida se aplicará con cheques o bonos educativos y se podrán beneficiar de ella todas las familias cuyos miembros, individualmente considerados, no superen la renta bruta media por cápita en la región, que asciende a 35.913 euros.

El coste estimado de aplicación de esta medida es de 62,5 millones de euros al año. Esta cifra la convierte en el punto más costoso de los 13 plasmados en el acuerdo, cuyo impacto presupuestario global se sitúa en algo más de 96,1 millones.

El pacto también incluye, a petición de Vox, un aumento de las ayudas para el programa ‘Primera Vivienda’. Se trata de una iniciativa del Ejecutivo autonómico para avalar con condiciones ventajosas a los jóvenes que no tienen suficiente dinero ahorrado para dar una entrada en la compra de un piso. La partida inicial prevista era de nueve millones y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aceptado que crezca hasta los 18 millones.

Otro de los puntos es incrementar en cinco millones la inversión en el plan de cuidados paliativos y destinar un millón de euros más a las ayudas que reciben las familias con hijos que padecen trastorno del espectro autista. El grupo que lidera Rocío Monasterio ha solicitado, igualmente, que crezcan en un millón de euros el presupuesto para las subvenciones a mujeres jóvenes embarazadas y ha pedido que se aumente el número de viviendas sociales disponibles en la Comunidad de Madrid.

Las leyes LGTBI quedan fuera

Al margen del acuerdo presupuestario han quedado los cambios de las leyes LGTBI autonómicas. Vox ha pedido reiteradamente la derogación de las normas aprobadas en 2016 y el Gobierno de Díaz Ayuso ha dado la negativa por respuesta y solo se ha abierto a reformas puntuales par "mejorar" algunos artículos. 

Ahora, el Ejecutivo regional también ha logrado dejar fuera esta materia, pero no significa que aparque las modificaciones. Según ha explicado Isabel Díaz Ayuso, se ha acordado tratar lo relativo a estas leyes "en paralelo" porque no suponen "un incremento presupuestario".

Reducción del gasto político

La reducción del gasto político era otra de las peticiones más insistentes de Vox y se ha plasmado en el acuerdo en dos puntos. Por un lado, se incluye la reducción de 10 millones de euros en los gastos de “estructura y funcionamiento” del Ejecutivo. Esto se traduce en destinar menos dinero a promoción de consejerías y también en reducir el coste de los alquileres. El otro punto de este apartado es el que representa el recorte del 10% del presupuesto en Telemadrid.

El Ejecutivo de Díaz Ayuso se compromete a iniciar, el próximo 1 de marzo, dos auditorías que tendrán un coste de 250.000 euros. La primera (50.000) se hará sobre los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados. “Queremos saber hasta qué punto el gasto está cumpliendo su finalidad”, ha señalado Fernández-Lasquetty. El otro examen, que ascenderá a 200.000 euros, se hará sobre las subvenciones públicas concedidas por la Comunidad de Madrid en los últimos años.

En el pacto, que se ha firmado este mismo martes después de dos meses de conversaciones en los que ha habido una decena de reuniones entre los equipos negociadores y múltiples cruces de datos e información por teléfono y otras vías de comunicación, aparecen otras medidas que no tienen coste para presupuestario, como el compromiso de reducir los plazos de pago a proveedores, la personación de la Comunidad de Madrid como acusación pública en juicios penales con delitos relacionados con la seguridad y el compromiso de promover “la igualdad” en todas las convocatorias de ayudas o incentivos para el empleo.

PP y Vox también han convenido bloquear todas las enmiendas totales y parciales presentadas por los grupos de izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) al presupuesto, una medida que no ha gustado nada a la oposición, pues considera que anula el debate parlamentario y la capacidad de otros grupos para aportar a las Cuentas.

Unos y otros interlocutores han reconocido que han hecho cesiones durante la negociación, pero se han mostrado satisfechos con el resultado. “Aunque no cumple todas nuestras expectativas, creo que es un acuerdo satisfactorio para los madrileños, que es de lo que se trata”, ha señalado Rocío Monasterio. "Es un muy buen acuerdo, por el que nos sentimos realmente contentos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha destacado por su parte el consejero Fernández-Lasquetty desde la Asamblea. Ambos han sido las personas que han llevado el peso de la negociación.

Pese a la sintonía que han mostrado PP y Vox, no ha habido foto conjunta que evidenciara el pacto. Las formaciones han restado importancia a este hecho: lo importante es que hay acuerdo, han venido a decir. El jueves, rechazando las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de izquierda, será la primera vez que cristalice la unión presupuestaria entre los populares y el partido de Santiago Abascal.

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