El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha remitido en la tarde de este viernes a las comunidades su primera propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica. La actualización del sistema, que lleva pendiente desde 2014, afectaría a todas las comunidades de régimen común, por lo que Navarra y País Vasco (que cuentan con un régimen especial) quedan excluidas. El Ministerio que encabeza María Jesús Montero introduce nuevas variables y coeficientes que complican todavía más el principal mecanismo de redistribución de la riqueza del sistema: el fondo de Garantía de los Servicios Públicos.
En líneas generales, las variables propuestas beneficiarían más en el reparto a las comunidades con mayor porcentaje de población envejecida y garantizarían también un peso más destacado a las comunidades con más habitantes en edad educativa -tanto universitaria como no universitaria-. Por el contrario, las perjudicadas a priori serían las comunidades más pobladas, pues el criterio de población total pierde peso en el reparto de fondos.
Por su parte, los coeficientes correctores -que incluyen variables como la extensión del territorio o la despoblación, cuestiones que las comunidades de la España vaciada demandan que se tengan en cuenta- apenas cambiarían en su importancia a la hora de repartir los fondos, aunque sí se incluirían más variables para calcularlos.
Para el Gobierno, la propuesta garantiza "que la distribución de los recursos se adecúa mejor a la realidad demográfica, social y territorial" y aporta "indicadores más robustos, detallados y realistas para fijar la distribución del gasto sanitario, educativo y los servicios sociales".
Un sistema complejo y opaco
El sistema de financiación autonómica es complejo y oscuro en muchas de sus fases. La inmensa mayoría de los ingresos con que cuentan las comunidades autónomas procede de la recaudación de los impuestos que les cede el Estado, fundamentalmente el IRPF y el IVA.
Pero los gobiernos autonómicos no se quedan con todo el dinero que recaudan. El 75% de sus ingresos fiscales van a parar a un fondo que luego se reparte entre todas las comunidades en función de una complicada serie de criterios. Además de este mecanismo, llamado Fondo de Garantía de los Servicios Públicos, el sistema cuenta con otros tres fondos de redistribución adicionales cuyo funcionamiento es especialmente oscuro.
El Fondo de Garantía es el que más influye en la redistribución de la riqueza entre las comunidades y es al que está destinada la propuesta de reforma que ha presentado este viernes el Ministerio de Hacienda. Hasta ahora, el contenido de este fondo -que es la gran 'hucha' de la financiación autonómica- se repartía en función de una compleja serie de criterios en los que la población tenía un peso del 97% y las características territoriales un residual 3%. La iniciativa de Hacienda no rompe ese equilibrio, pero sí introduce matices importantes en las variables poblacionales.
El quid de la cuestión está en un concepto denominado población ajustada, que ya existe en la normativa actual pero que sufre modificaciones importantes. La población ajustada es el resultado de aplicar al número de habitantes de un territorio una serie de ponderaciones. Estas ponderaciones reflejan teóricamente las necesidades que tiene cada comunidad en materia de gasto sanitario, educativo en servicios sociales y en servicios en general. Lo que propone Hacienda pasa por reequilibrar el peso específico que tiene cada una de estos gastos a la hora del reparto.
*(Para conocer cómo se reparte el fondo de Garantía y cómo funciona el sistema de coeficientes con el ejemplo de Cataluña en 2019 puede acceder a este enlace)
En el caso del gasto sanitario, el peso en la ponderación en el reparto pasaría del 38% a un rango que oscilaría entre el 40 y el 45%. Además, el sistema de coeficientes internos que determina la población sobre la que se aplica ese porcentaje también cambiaría. La propuesta de Hacienda da más peso a la población mayor de 75 años y quita protagonismo al resto de grupos de edad, lo que beneficiaría a las comunidades con poblaciones más envejecidas.
En lo tocante a la educación, la ponderación pasaría del 20,5% a un mínimo del 25 y un máximo del 30%. Además de aumentar su importancia de cara al reparto de los fondos, la propuesta de Hacienda tiene en cuenta por primera vez a los habitantes en edad universitaria y no solo a la población que asiste a la enseñanza obligatoria. El criterio que más pesaría a la hora de definir el reparto dentro de esta categoría sería el número de habitantes empadronados menores de 16 años (un 75-80% de ese 25-30%), mientras que la población en edad universitaria (18 a 24 años) determinaría el reparto del resto. Asimismo, el número de estudiantes de universidad y de grados superiores que recibe cada comunidad de otras pasaría a ser también un criterio dentro de este apartado.
La ponderación del gasto en servicios sociales -cuyo peso en el sistema actual es del 8,5%- quedaría en un rango de entre el 6 y el 10%. En este apartado, que actualmente se calcula solo sobre la población mayor de 65 años, se le añadiría el número de parados que no cobra prestación por desempleo, que tendrían un peso minoritario en el cálculo.
El aumento del peso en el reparto que absorberían los apartados anteriores se descontaría de una quinta categoría que garantiza el resto de servicios públicos: la población general. La población general tiene un peso en el reparto actual del 30% y con el nuevo sistema quedaría reducido a un rango entre el 18 y el 22%. Esto perjudicaría a las comunidades más pobladas en detrimento de aquellas con características poblacionales especiales.
Finalmente, las variables territoriales tendrían una influencia de entorno al 3% o el 4% del cálculo, muy similar al 3% actual. A los criterios de superficie (1,8%), insularidad (0,6%) y entidades singulares (0,6%) se sumarían dos variables relacionadas con la densidad de población y la despoblación.
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