"No establecemos un frente, sino una alianza". Fue la idea más reiterada este martes por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y su homólogo de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, tras el encuentro de unas dos horas que mantuvieron en Sevilla para abordar el cambio del actual sistema de financiación autonómica por otro que siga el criterio de población ajustada.

La "intensa, fructífera y muy sincera" jornada de trabajo concluyó con la firma de una declaración institucional de once puntos en la que ambos líderes regionales reclaman al Gobierno central que actualice el modelo de financiación, un asunto que reconocen es "complejo" y que "requiere de un amplio consenso entre administraciones y fuerzas políticas". Por ello, y hasta que se produzca ese "cambio estructural", Andalucía y la Comunidad Valenciana exigen al Estado la creación de un "fondo transitorio compensatorio", de manera que "se corrige el desequilibrio horizontal (entre CCAA) de los recursos del sistema de financiación que padecen las autonomías que reciben una financiación por debajo de la media, sin perjudicar al resto".

Se trataría, detallaron, de un fondo de, al menos, 1.700 millones de euros anuales para Andalucía, la Comunidad Valenciana y Murcia –comunidad con la que ambos presidentes tienen previsto reunirse próximamente–, las tres regiones "más perjudicadas" por el actual sistema, siendo el fondo ampliable a Castilla-La Mancha, la cuarta comunidad infrafinanciada, y prorrogable automáticamente año tras año hasta contar con un nuevo modelo. Moreno y Puig insistieron en que ese dinero "no supondrá un menoscabo ni el deterioro del propio sistema", en palabras del popular, sino que el Estado "tendrá que hacer un esfuerzo".

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El documento firmado recoge también que "la capacidad de las autonomías de régimen común para decidir sobre el nivel de sus ingresos está limitada porque carecen de capacidad normativa en la imposición indirecta y de capacidad de gestión de los grandes impuestos en los que participan", por lo que consideran "necesario que las comunidades puedan ser partícipes de las decisiones que afectan a sus ingresos".

Tanto Moreno como Puig coincidieron en que "el dinero siempre sale del mismo sitio, de los ciudadanos y ciudadanas y de sus impuestos", aseveró el valenciano, quien apostó por "racionalizar la tarta fiscal". La cuantía del fondo, afirmaron, podría pagarse también a través de una armonización fiscal, si bien los dos presidentes negaron tajantemente que sus respectivos gobiernos autonómicos se estén planteando la creación de nuevos impuestos o la subida de los ya existentes, aunque sí apostaron por la redistribución de algunos de carácter medioambiental.

Los dos representantes autonómicos denunciaron que el actual modelo es "discriminatorio, complejo y poco transparente", un "problema" que afecta al "estado del bienestar" y que genera "desigualdad entre los españoles", por lo que volvieron a reclamar un sistema "justo y sensato". El actual es "insostenible", ya que, según defiende la Junta, "recibimos menos recursos y, por lo tanto, nuestro presupuesto lo debemos destinar casi en exclusiva a ofrecer un servicio público de calidad (sanidad, educación y servicios sociales), en detrimento de invertir en más infraestructuras, innovación y tecnología".

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Con el modelo vigente, insistieron, cada andaluz recibe al año 110 euros menos que la media, con un incremento del déficit de cuatro millones de euros al día, lo que supone entre 800 y 1.000 millones de euros al año. En el caso de la Comunidad Valenciana, el gasto por habitante se sitúa 220 euros por debajo de la media. Según refleja uno de los puntos firmados en la declaración institucional, la "insuficiencia global" en 2019 para "el conjunto de las comunidades autónomas de régimen común ascendió a 16.400 millones de euros". Es por ello que "hay urgencia de acuerdos de Estado", señaló Puig, quien al igual que su homólogo andaluz confió en que haya un "clima favorable" para que esos pactos se alcancen en el Congreso.

Andalucía y la Comunidad Valenciana, recordaron sus presidentes, representan casi el 30% de la población española –más de 13,5 millones de habitantes entre las dos– y la tercera y cuarta economía del país, respectivamente, lo que las convierte en "dos voces muy potentes" que "seguro que van a ser escuchadas", dijo Moreno, quien lamentó que el hecho de que dos presidentes autonómicos de distinto color se reúnan sea noticia.

"Lo que estamos haciendo aquí debería ser más habitual", señaló en esa línea el líder del Consell, quien repitió que la reunión de ayer se produjo "sin frentismos, con voluntad de coser el país y no de crear guerras estériles". "No estamos en el discurso del agravio" ni de "dar lecciones a nadie", coincidió Moreno, quien insistió en que "no se trata de que unos pierdan para que otros ganen". Y añadió: "El diálogo es la herramienta más poderosa con la que contamos los políticos" y de este "siempre surgen cosas interesantes".