El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha visto obligado a abonar 2.420 euros al PP por la condena que el Tribunal Supremo le impuso el pasado 8 de septiembre, cuando confirmó una sanción de la Junta Electoral Central (JEC) al líder del Ejecutivo y, además, impuso a este último el pago de las costas.

El origen del asunto se remonta a la campaña electoral para las generales de 2019, cuando el presidente y entonces candidato socialista a la reelección concedió una entrevista televisiva en la Moncloa. El PP denunció a Sánchez ante la JEC, que dio la razón a los populares y sancionó al presidente con 500 euros.

Los populares argumentaron que emplear la sede presidencial para una entrevista contravenía el artículo 50.2 de la ley electoral, que impide que poderes públicos se valgan de medios institucionales para la promoción de sus logros, como a su juicio hizo Sánchez en aquella entrevista con La Sexta.

Sánchez, por su parte, replicó que no fue él quien eligió el lugar de la entrevista ni su realización, sino que en la decisión intervinieron más personas, y que tan pronto como se conoció la denuncia se retiró la transcripción de la web de la Moncloa, argumentos que no convencieron a la JEC.

El presidente decidió entonces recurrir la sanción al Tribunal Supremo, que tampoco le dio la razón. El Alto Tribunal confirmó que Sánchez había realizado un uso electoralista de la Moncloa y, por si fuera poco, le impuso el pago de las costas procesales.

Es por ello que, como este martes adelantó el diario El Mundo, Sánchez se ha visto obligado al pago de 2.420 euros a los populares, una cantidad que el partido de Pablo Casado tiene previsto destinar a sufragar obras benéficas.

Por su parte, la exministra de Educación y exportavoz del Gobierno, Isabel Celaá, también fue condenada por sus intervenciones electoralistas desde la mesa de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, por lo que también fue condenada por la JEC y ha tenido que abonar otros 2.420 euros en costas al PP.