"Ningún cambio. Lo que se va a poder hacer es lo que se puede hacer desde 2002". Con estas palabras, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, salió este jueves al paso de la polémica suscitada por una de las enmiendas pactadas por PSOE y Unidas Podemos a la Ley de Memoria Democrática, donde se señala que la Ley de Amnistía debe ser interpretada "de conformidad con el Derecho Internacional", que establece que "los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables". Aunque en las últimas horas se ha interpretado que socialistas y morados trataban de abrir un resquicio en la norma de 1977 para permitir que se juzguen crímenes del franquismo, Bolaños elogió la amnistía –norma clave de la transición– y dejó claro que no habrá cambios jurídicos.

"La enmienda de PSOE y UP ratifica la vigencia de la Ley de Amnistía", defendió el ministro en una entrevista en Onda Cero, donde defendió que era norma fue "un paso importante" y una "piedra fundamental" en la transición, y una "manera de consolidar la democracia". "Soy un defensor absolutamente indiscutible de la transición", insistió Bolaños, que añadió que el PSOE "ratifica la vigencia" de la Ley de Amnistía frente a quienes piden su "derogación". También recalcó que, pese a la nueva ley de memoria y la enmienda introducida, "la situación jurídica en España" en lo que se refiere a la posible investigación de los crímenes del franquismo "será la misma que tenemos desde 2002", cuando España ratificó el Estatuto de Roma y lo incorporó, un año después, a su ordenamiento jurídico.

Debate jurídico y político

La polémica de fondo gira en torno al efecto que puede tener en los tribunales la adición de esta enmienda. El texto se limita a poner de relieve dos circunstancias que ya son una realidad a día de hoy: la primera, la existencia de una ley, la de amnistía de 1977; y la segunda, que todo el ordenamiento jurídico español se tiene que interpretar de acuerdo a los convenios internacionales suscritos por España, como establece la propia Constitución de 1978. Pero, a partir de aquí, las interpretaciones son diferentes en PSOE y UP: los socialistas argumentan que, en el fondo, nada cambia, y que esta enmienda tiene un valor meramente declarativo; los morados, en cambio, esperan que marque un punto de inflexión y permita impulsar las investigaciones a graves crímenes de la dictadura.

En ese sentido, Bolaños apuntó este jueves que la enmienda sirve para "poner en valor tanto la Ley de Amnistía como los tratados internacionales", pero negó que vaya a tener efectos prácticos, porque no modifica ninguna ley. Al tiempo, vino a admitir que será casi imposible ninguna investigación a delitos cometidos durante la dictadura, porque aunque desde 2002 España ha suscrito tratados internacionales que declaran imprescriptibles determinados crímenes, "la legislación penal no puede ser retroactiva". "No podemos establecer una ley en 2021 que aplique a actuaciones que se realizaron en 1970 o 1972", esgrimió. Por si fuera poco, la Ley de Memoria Democrática "no puede tocar legislación penal", dijo, al ser una norma ordinaria y no orgánica, por lo que no "toca" el régimen penal. Y, finalmente, el ministro admitió que estas investigaciones son cada vez más difíciles porque "casi no queda nadie vivo".

La posición de Unidas Podemos, en cambio, introduce matices. El secretario de Estado de Agenda 2030, secretario general del PCE y diputado de UP, Enrique Santiago, defendió este jueves que la enmienda supondría un paso "para acabar con la impunidad", porque pone negro sobre blanco que la Ley de Amnistía debe interpretarse de conformidad de las normas internacionales que establecen que determinados hechos "son imprescriptibles y nunca les alcanza la amnistía", por lo que no estarían cubiertos por el perdón que otorgó la norma de punto final de 1977. Santiago también sostuvo que "el principio de no retroactividad de normas penales desfavorables tampoco puede dejar en impunidad" dichos crímenes, y consideró que solo la "oscilación a la derecha post franquista de la judicatura" explica que en España no se hayan investigado los crímenes de la dictadura.

El problema es "político, no jurídico", insistió Santiago, para quien el marco jurídico es "muy claro" y que afirmó que "permitir la impunidad del franquismo es una opción política (...), aunque se haya revestido con doctrina jurídica". Para ayudar a desmontar esa situación, concluyó, "la aprobación de la enmienda es la vía más clara".

División entre oposición y socios del Gobierno

Además de abrir una pequeña brecha interpretativa entre los socios de Gobierno, la enmienda ha dividido al resto de partidos. El PP se opone a esta modificación y también a las líneas generales de la Ley de Memoria Democrática que impulsa el Ejecutivo. En este sentido, los populares quieren evitar el reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, y en dos de sus enmiendas proponen la supresión de dos artículos que hacen referencia a esas declaraciones de reparación personal. Además, piden que no haya un día, el 31 de octubre, de recuerdo y homenaje a esas víctimas, ni que el 8 de mayo sea el día de los exiliados. También quieren evitar que el Estado adopte medidas para identificar los hechos ocurridos ni que se reconozca el papel activo de las mujeres en la vida intelectual y política.

Finalmente, el PP tampoco quiere que se desarrollen medidas de restitución y rehabilitación para restablecer los derechos de las víctimas, ni proponer iniciativas para investigar las incautaciones, ni que se repare a las víctimas de los trabajos forzados, ni que se les conceda la nacionalidad española a los integrantes de las brigadas internacionales. Y pide, asimismo, la supresión del artículo que considera contrarios a la memoria democrática los símbolos de exaltación de la sublevación militar y de la dictadura, y evitar que el sistema educativo incluya la memoria entre sus contenidos, informa Efe.

Por su parte, Ciudadanos advirtió al ministro Bolaños de que no negociará la norma mientras no retire la enmienda que vincula la amnistía al derecho internacional. Edmundo Bal, portavoz naranja, manifestó que a su juicio socialistas y morados buscan "reinterpretar" esta ley de 1977, que calificó como "la piedra angular de la evolución de la democracia a la dictadura".

Socios habituales del Ejecutivo, como ERC, y otras formaciones nacionalistas, como el BNG, consideran en cambio que la es norma insuficiente por no derogar la Ley de Amnistía.