Conceden la nacionalidad española a Lydia Cacho, la activista mexicana que sufrió torturas y amenazas de muerte

  • La periodista y activista ha sido víctima de torturas, ha sufrido más de seis atentados y está amenazada de muerte.
  • Además, otras seis personas han recibido la nacionalidad a través de reales decretos.
La ciudad de San Fernando concede el Premio a la Libertad de Expresión 2021 a Lydia Cacho
Imagen de la periodista Lydia Cacho
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La ciudad de San Fernando concede el Premio a la Libertad de Expresión 2021 a Lydia Cacho

El Consejo de Ministros ha concedido la nacionalidad española por carta de naturaleza a la escritora brasileña Nélida Piñón, a la periodista y activista mexicana Lydia Cacho, a la hija de una mujer dominicana asesinada en España y a una menor de origen marroquí víctima de malos tratos.

También se ha concedido la nacionalidad española al autor teatral y actor de nacionalidad argentina Óscar Martínez, al periodista e hispanista de origen británico William D. Chislett y a la jugadora de ajedrez de origen georgiano Ana Matnadze, que vive en Barcelona desde 2004 y ya representa a España en competiciones internacionales.

Según explica en un comunicado el Ministerio de Justicia, el Consejo, a propuesta de Pilar Llop, ha dado luz verde a los siete reales decretos por los que se les otorga la nacionalidad por carta de naturaleza, un procedimiento discrecional cuando concurren en la persona interesada "circunstancias excepcionales que lo justifican".

Nélida Piñón, premio Príncipe de Asturias de las Letras, es una de las más prestigiosas escritoras en lengua portuguesa, y tiene estrecha relación con España, ya que sus padres y abuelos fueron emigrantes gallegos y la propia escritora ha sido objeto de múltiples reconocimientos en Galicia, destaca Justicia.

Lydia Cacho, de nacionalidad mexicana y periodista especializada en cubrir violaciones de los derechos humanos, padece una situación de vulnerabilidad, ya que ha sido víctima de torturas, ha sufrido más de seis atentados y está amenazada de muerte. Justicia destaca que, dado el riesgo evidente para su vida, se encuentra residiendo en Madrid con una autorización temporal.

En el caso de Óscar Martínez, argentino y actor, autor y director de teatro, desde el año 2019 forma parte de la Real Academia Española. A pesar de ser nieto de españoles, no pudo acceder anteriormente a la nacionalidad española por errores en las inscripciones de sus apellidos en los registros civiles argentinos.

El británico William D. Chislett ejerce como investigador senior en el Real Instituto Elcano y fue corresponsal para "The Times" durante la transición española. En reconocimiento a su labor, se ha estimado que concurren en él las circunstancias excepcionales que justifican la obtención de la nacionalidad española por carta de naturaleza.

Ann Matnadze, de origen georgiano, es una reconocida jugadora de ajedrez que lleva viviendo en Barcelona desde 2004 y está autorizada a representar a España en competiciones internacionales. El Ministerio señala que su nacionalización es fundamental para regularizar su situación personal y deportiva, ya que en los resultados oficiales aparece como española sin serlo.

Fraidelyn Padua, nacida en 2011 en la República Dominicana, es hija de una mujer asesinada en 2019 España por su expareja. Reside en República Dominicana con sus abuelos maternos, que ostentan su guarda y custodia y Justicia ha considerado que, habiendo perdido a su madre como víctima de un acto de violencia de género, se dan las circunstancias para que le sea concedida la nacionalidad española por razones humanitarias.

En cuanto a Dounia el Ghorfi, nacida en Berkan (Marruecos), fue abandonada cuando nació en un orfanato de dicha localidad y, con 9 años, adoptada por una familia que, aunque de ascendencia marroquí, ostentaba la nacionalidad española.

Sin embargo, no legalizaron su situación y durante un ingreso hospitalario, en 2006, al no portar documentación, se activó el protocolo de menores y se inició un proceso contra su padre adoptivo por delitos de abandono de familia y malos tratos en el ámbito familiar. Desde entonces, permanece tutelada hasta la mayoría de edad.

En abril de este año, el Defensor del Pueblo inició actuaciones instando al Ministerio de Justicia a dar una solución a su precaria situación.

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