Andalucía ya ha puesto en marcha su revolución verde con el objetivo de hacerla realidad a lo largo de la próxima década y llegar a 2030 convertida en una comunidad de referencia en la transición energética y en la lucha contra el cambio climático. Los retos ya están definidos y cuantificados y, entre ellos, destacan conseguir que el 42% del consumo final de la región proceda de fuentes renovables; reducir la demanda de los derivados de petróleo un 30% respecto a 2019 en el sector transporte; e incrementar las infraestructuras energéticas un 22%.

Para ello, la Junta ha desarrollado la Estrategia Energética de Andalucía 2030, un documento que acaba de entrar en fase de información pública para que instituciones, entidades y la ciudadanía en general opinen y realicen las aportaciones que consideren oportunas a la propuesta inicial. El plazo para participar es de 45 días hábiles y los documentos, así como el cuestionario para realizar sugerencias, se pueden consultar en el portal de la Junta –en la sección de Transparencia– y en el de la Agencia Andaluza de la Energía, organismo adscrito a las consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior y a la de Hacienda y Financiación Europea que ha actuado como oficina técnica en la elaboración de la estrategia energética.

El plan andaluz contempla seis objetivos principales para dar respuesta a las necesidades energéticas de la sociedad de aquí a nueve años: avanzar en la descarbonización; reducir el consumo; minimizar la dependencia de los derivados de petróleo en el transporte; disponer de las infraestructuras necesarias para aprovechar los recursos renovables y proporcionar un suministro de calidad; mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración descarbonizando su consumo de energía; y fortalecer el tejido empresarial e industrial energético andaluz.

La estrategia se organiza en cuatro ejes de acción que se desarrollarán a través de 13 líneas estratégicas y cerca de 70 medidas concretas. El primer eje contempla el uso racional y responsable de la energía en la edificación, la industria y el transporte, teniendo en cuenta que, por ejemplo, de los más de 4,3 millones de viviendas que hay en Andalucía, más de la mitad tienen una antigüedad superior a los 40 años; o que el transporte es el responsable de más del 60% de las emisiones de dióxido de carbono en el ámbito urbano. Por tanto, entre las iniciativas propuestas, destacan la rehabilitación energética de edificios, tanto de empresas como de hogares, y promover un sistema de transporte eficiente.

El segundo eje pasa por el impulso de una economía descarbonizada en los sectores productivos y la captación de inversiones para el desarrollo de proyectos verdes en Andalucía, dinamizando la bioeconomía y la economía circular, lo que, además, implica la creación de nuevos puestos de trabajo y el refuerzo de la competitividad entre las empresas.

En tercer lugar, la estrategia plantea la consolidación del sistema de generación y consumo de energía verde en la sociedad, fomentando los modelos de gestión colectiva de la energía; impulsando la digitalización de las redes energéticas; apoyando la implantación de instalaciones de autoconsumo eléctrico; o facilitando la inyección de biometano, hidrógeno y otros gases renovables en la red gasista existente.

Por último, la Junta propone la transición energética en la actividad de los servicios públicos. No en vano, según refleja el documento, el consumo energético en la Administración autonómica, asociado principalmente a sus edificios, asciende a 1.000 GWh (gigavatio hora, que equivale a mil millones de vatios hora), a lo que habría que añadir el consumo correspondiente al parque móvil, que aún cuenta con una "baja penetración" de vehículos eléctricos y de combustibles alternativos.

Ahorro de 40 millones en la luz

El consumo eléctrico de los edificios de la Junta, entre centros educativos, hospitales, oficinas, instalaciones deportivas o sucursales de empleo, equivale al que se registra en un año en ciudades como Almería o Jaén. 

El Ejecutivo acaba de prorrogar por primera vez el contrato centralizado de suministro eléctrico, que en el último año ha permitido a la Junta ahorrar más de 40 millones de euros en el recibo de la luz. Un contrato en el que, además, se exige que el 100% de la energía que se suministre a la Junta sea de origen renovable.