Los menores cometieron más delitos proporcionalmente y más graves durante 2020 en Madrid, cuando a pesar del confinamiento por la pandemia jóvenes y niños se vieron implicados en más agresiones sexuales. Así lo ha alertado este martes la Fiscalía en la presentación de su Memoria Anual, donde se detalla un aumento "notable" de los delitos cometidos por menores, especialmente en el ámbito sexual, los realizados a través de redes sociales y los vinculados a bandas latinas.
Los datos de la Memoria, que recoge la actividad del Ministerio Público, han sido presentados esta mañana por la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra. En la rueda de prensa han estado presentes la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández; la fiscal de Área de Móstoles; Margarita Rossignoli; la fiscal de Área de Alcalá de Henares, María José Parrado; y la fiscal de Área de Getafe-Leganés, María Jesús Escribano.
En primer lugar, en el documento de la Fiscalía llama la atención el dato de los delitos de homicidio y asesinato, ya que se han registrado 18 casos. En un tercio de ellos se encuentran implicados menores relacionados con bandas latinas, lo que evidencia "la continuidad de los enfrentamientos entre bandas juveniles rivales".
En este ámbito de los menores volvieron a incrementarse los delitos de agresión sexual, con 80 casos frente a los 67 de 2019, y bajaron ligeramente los de abuso sexual (172 frente a 195 en 2019).
Llama la atención la Fiscalía sobre la temprana edad a la que se producen muchas de estas conductas: en 12 de los asuntos relativos a agresiones sexuales y en 37 de los abusos se vieron implicados menores de una edad inferior a los 14 años, es decir, inimputables, todo lo cual le hace preguntarse por "las posibles carencias en el ámbito familiar, educativo y social".
También es "especialmente relevante" el dato relativo a los delitos de atentado o resistencia a la autoridad, que se incrementaron notablemente: 273 registros en 2020 frente a los 146 del ejercicio anterior, debidos a "los no pocos enfrentamientos de algunos jóvenes con las fuerzas del orden al ser amonestados o sancionados por incumplir la normativa sanitaria".
Redes sociales
Preocupa asimismo el aumento de las amenazas y coacciones cometidas a través de las redes sociales. Se han registrado 873 delitos de amenazas, 73 coacciones, 128 de descubrimiento y revelación de secretos, y 67 de tenencia y distribución de pornografía infantil, conductas "muchas de ellas cometidas a través de la red y que se inician a muy temprana edad, por el uso cada vez más precoz de las nuevas tecnologías".
La Fiscalía sostiene que se hace preciso seguir trabajando con los jóvenes, desde todos los ámbitos, pero especialmente el educativo y social, en aras a lograr “una mejor y mayor comprensión de los riesgos de un inadecuado y excesivamente temprano uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales”.
Mejorar la situación de los CIES
Otro de los asuntos abordado en la Memoria, la Fiscalía hace especial mención a la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), señalando que en términos generales "las instalaciones presentan un aceptable estado de conservación y limpieza".
Sin embargo, el documento apunta que se aprecia un deterioro progresivo derivado del uso y la constante afluencia de personas, "no siendo la infraestructura y dotación del centro las idóneas para acoger a un número tan importante de personas, siendo necesaria a nuestro entender la construcción de un nuevo centro de mayores dimensiones para garantizar adecuadamente sus derechos y bienestar".
No judicializar los casos de menores en los botellones
Por otro lado, la fiscal superior de Madrid, ha solicitado que no se judicialicen los casos de menores con comas etílicos en botellones al trasladarles a priori a la Fiscalía de Menores al suponer "un problema social" que hay que abordar.
"Hay que tener en cuenta que los botellones en esencia son ilegales. Es la Delegación de Gobierno quien tiene la competencia de adoptar medidas para que no existan botellones. No constituye un delito y no puede ser que los menores pasen a priori a disposición de la Fiscalía de Menores sin perjuicio en el caso de que no se localice a sus padres. Es un problema social que hay que abordar y no judicializar. Hay que dar respuesta social", ha aseverado.
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