Con la inmigración irregular volviendo a los niveles previos a la crisis del coronavirus y el futuro pacto europeo sobre Migración y Asilo sobre la mesa, los países del Mediterráneo más afectados por este fenómeno se mueven para ganar peso y tener protagonismo en el acuerdo que marcará durante los próximos años la política migratoria de la Unión. Hace menos de un mes, el ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, hizo de anfitrión con sus homólogos de Chipre, Grecia, Italia y Malta. El fin era trazar una hoja de ruta común para defender ante el resto de los Veintisiete. Y, en ese acuerdo, destaca la petición de crear "zonas de acogida" en los países cercanos a los estados emisores de migrantes.

"La UE debe seguir comprometida con el apoyo a las comunidades de acogida en sus regiones, abordando las crisis humanitarias en sus orígenes y reforzando las capacidades adecuadas de los países de origen y de tránsito, así como creando las estructuras de acogida necesarias en esas regiones y sus alrededores". Es el primer punto de la declaración común que firmaron los cinco -a la que ha tenido acceso 20Minutos- y que, el pasado 8 de octubre, trasladó Marlaska a la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson. Según explican fuentes del Ministerio a este diario, la idea es actuar como se ha hecho en Afganistán. Tras la caída de Kabul y la toma del mando por parte de los talibanes, España creó una base en Pakistán desde la que después volaron los refugiados afganos que han ido llegando a Torrejón de Ardoz (Madrid) para ser acogidos en el país.

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Ahora, Interior quiere aplicar esa estrategia en países como Mauritania o Argelia a los que, de hecho, ya se financia para luchar contra este fenómeno. Sin ir más lejos, en este verano la cartera de Fernando Grande-Marlaska donó a Mauritania, país clave en la ruta migratoria atlántica, varias terminales informáticas que permiten el acceso y el análisis de datos de dispositivos móviles y ordenadores que son capaces de inspeccionar documentos para "identificar falsificaciones y descubrir alteraciones" sin dañarlos. La inversión rondó los 100.000 euros. Desde el Ministerio aseguraron entonces que Mauritania y países similares son destinatarios de fondos similares desde 2006. Los motivos para crear estas “zonas de acogida” en origen son la “logística”, de forma que la “reincorporación” de los migrantes en su país “sea más fácil” y, también, “atajar la inmigración donde se originan las mafias ilegales que ponen en riesgo sus vidas”.

Con todo, no es la única petición del MED5, el grupo que conforman los citados países mediterráneos. También solicitan a Europa "una hoja de ruta precisa, priorizada y bien definida" que marque la acción de la Unión para acabar con la inmigración ilegal, que castiga a estos países de forma más certera. Para este fin se creó este mismo verano el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional. Su objetivo es "promover la cooperación con países socios en regiones como el África subsahariana, Asia y el Pacífico y América y el Caribe" y su presupuesto, de 79.500 millones de euros. Sin embargo, aún no está activo.

Esto, según la declaración conjunta, ha provocado que se haya "debilitado" la capacidad de la UE "para trabajar con sus socios, países de origen y de tránsito, en un momento de intensos movimientos migratorios irregulares, motivados por las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, que se han sumado a las causas preexistentes de la migración irregular".

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El pacto contra la inmigración irregular, sin fecha

Con todo, las mismas fuentes reconocen que el nuevo pacto europeo sobre Migración y Asilo se dilatará en el tiempo. "Es laborioso porque requiere el consenso de los 27", remarcan. Además, explican que todavía se están trazando posturas comunes. En este marco se reunió Marlaska, como ya se menciona anteriormente, con la comisaria europea de Interior el pasado 8 de octubre. Allí, el ministro le trasladó las posiciones comunes del MED5. "Solo reforzando las capacidades de las fuerzas de seguridad de los países de origen y tránsito, con el objetivo prioritario de prevenir las salidas de la inmigración irregular, evitaremos la pérdida de vidas y la vulneración de derechos humanos por parte de organizaciones criminales", dijo tras el encuentro, en el que no acordaron ninguna materia concreta en la lucha contra la inmigración irregular.