El Gobierno afronta este jueves el debate parlamentario y la posterior votación del decreto para tratar de contener el efecto de la subida del precio del gas en la factura eléctrica con la decepción de que la Unión Europea (UE) no haya abierto hoy la puerta a revisar el sistema de subastas que rige en Europa.

El decreto que se vota este jueves, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre, recoge una batería de medidas dirigidas a frenar la histórica escalada de los precios energéticos en los últimos meses, a partir del alto coste del gas y de los derechos de emisión de CO2.

Entre otras cosas, obliga a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir en su generación un sobrecoste del gas que no utilizan, un importe estimado por el Gobierno en 2.600 millones de euros.

El decreto está en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero tal y como marca la Constitución, en el plazo de un mes natural desde su aprobación debe someterse en el Congreso a su convalidación o, en caso de no contar con apoyos suficientes, será derogado. En todo caso, los grupos pueden solicitar su tramitación como proyecto de ley para plantear cambios a través de enmiendas.

No habrá problemas para el Gobierno para sacar adelante la votación. Los grupos de la izquierda de la Cámara han venido reclamando desde antes actuar contra la sobrerretribución que reciben las centrales de generación, con menores costes operativos y que, sin embargo, venden su electricidad acorde a la escalada del precio del gas y los derechos de emisión.

Así, a los 155 votos que suman PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno puede sumar, por lo menos, los votos de Esquerra Republicana (13), EH-Bildu (5), Más-País Equo (2), la CUP (2), Compromís (1), BNG (1) y Nueva Canarias (1). Un total por encima de la mayoría absoluta, sin descartar todavía el apoyo de Junts, el PRC o Teruel Existe. En total, una mayoría que previsiblemente superaría los 180 votos, frente al rechazo del PP (88 diputados), Vox (52), Ciudadanos (9), UPN (2) y Foro Asturias (1). Desde el PNV (6), socio prioritario del Gobierno, prefieren no adelantar posición al respecto, al igual que en el PDeCAT (4).