Este es uno de los datos que se analizaron hoy en la reunión de la comisión de seguimiento de este acuerdo alcanzado por el Gobierno regional, los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) y la patronal Confederación de Organizaciones Empresariales de la Región de Murcia (Croem) y que recoge un total de 40 medidas articuladas en 10 ejes estratégicos.

Durante el encuentro de trabajo se comprobó que la mayoría de las acciones están plenamente ejecutadas, o en su recta final, y se han cumplido sus objetivos prioritarios de protección de los trabajadores y desempleados y sus familias, así como de las empresas y autónomos, para mantener un empleo de calidad y la estabilidad del tejido productivo regional, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Los últimos datos de paro registrado sitúan a la Región con la tasa más baja desde diciembre de 2008 y la afiliación media a la Seguridad Social se sitúa en 605.572 personas trabajadoras, siendo la Región de Murcia la tercera que más ha crecido en el último año.

En la reunión de seguimiento se puso de manifiesto los avances realizados, pero también la necesidad de seguir trabajando de forma conjunta porque la pandemia y sus efectos aún no han acabado y hay que generar nuevas oportunidades para el desarrollo social y económico de la Región de Murcia.

Así, las medidas diseñadas a corto plazo cumplieron su función y ya están superadas, como las de prevención de riesgos laborales, cuando los trabajadores y las empresas necesitaban conocimiento para poder desarrollar su actividad de forma segura; o aquellas destinadas a pymes y autónomos como 'ReActivä Aplazamientos', que tenía su razón de ser tras el parón decretado durante el Estado de Emergencia.

Otras continúan vigentes, como las relacionadas con el refuerzo del sistema sanitario, especialmente en la Atención Primaria; o contar con un stock de material específico para el coronavirus para un periodo mínimo de dos meses, asumiendo los consumos más altos de la pandemia, así como tener garantizado el aprovisionamiento durante el primer trimestre del 2022.

Para la protección de las familias y colectivos vulnerables se han destinado cerca de 40 millones de euros a diversos programas e iniciativas como la Renta Básica de Inserción, el Plan de Vivienda de la Región, el Plan de Lucha contra la Pobreza o el refuerzo del material sanitario en las residencias de mayores.

AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

Entre las acciones más exitosas están la línea 'ReActivä Autónomos' que ha beneficiado en dos convocatorias a 3.222 autónomos, que han recibido un respaldo a su actividad de 9 millones de euros y que contará con una nueva convocatoria de 4 millones de euros este mes; o las destinadas a autónomos y emprendimiento, de las que ya hay 835 ayudas aprobadas con un apoyo económico de 3,3 millones.

También, destaca 'mentoring empresarial' para mantener la actividad de 203 empresas con 2,2 millones; 'mentoring 3', con 16 millones de euros para transformación digital, inversión productiva, eficiencia energética y comercio -esta última en evaluación-; o la línea 'ReActivä Hostelería y Turismo', con 9.135 empresas beneficiadas con ayudas que suman casi 50 millones de euros.

Permanecen abierta, hasta el 15 de noviembre, las ayudas a la contratación indefinida, que incluyen los subprogramas reincorporación de trabajadores, contratación indefinida de trabajadores despedidos en pandemia y conversiones de contratos formativos en indefinidos, dotada con 5,6 millones de euros; y el último día de septiembre se cerró el plazo para solicitar otra línea de ayudas a la contratación indefinida dotada con 2 millones de euros.

En la reunión se acordó continuar con el seguimiento de las medidas que aún están vigentes y centrar los esfuerzos para lograr un mayor bienestar social y progreso económico en el desarrollo de 'Plan ReActivä' y el Plan para la Recuperación y Transformación de la Región 'Next CARM'.

Hay que recordar que el Pacto cuenta con 10 líneas estratégicas: apoyo a pymes y trabajadores autónomos; el pago a proveedores; medidas fiscales; apoyo a las personas trabajadoras; políticas activas de empleo y eficiencia pública; prevención de riesgos laborales; apoyo al comercio y al turismo; apoyo a las familias y colectivos vulnerables; fondo de contingencia sanitaria y socioeconómica; y la digitalización del sistema educativo y de la enseñanza superior.