Según señala en un comunicado la dirigente, la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en respuesta a la demanda interpuesta por Ecologistas en Acción, "no sólo supone un tirón de orejas para la Gerencia de Urbanismo, sino que pone de relieve una práctica común de 'urbanismo a la carta' que supera los márgenes legales para favorecer a megaproyectos en detrimento del interés general que debería ser la prioridad como apunta la propia sentencia".

Según los cálculos realizados por Podemos Sevilla, "la empresa promotora de Lagoh se ha apropiado de manera irregular de un total de 15.000 metros cuadrados, correspondientes a la superficie de dominio público que debería ser entregada al Ayuntamiento en cumplimiento del Plan de Sectorización". "A esta cifra habría que añadir además la apropiación ilegítima del subsuelo que actualmente funciona como parking privado de la empresa", afirma.

Así, y dado que la sentencia "no deja lugar a dudas", Serrano ha reclamado al alcalde de la ciudad que "anteponga los intereses de la ciudadanía y proceda de inmediato a recuperar la titularidad pública de los espacios usurpados".

En esta línea, la portavoz municipal de la confluencia Podemos-IU ha recordado que su grupo fue el "único actor político" de la corporación que alertó de "irregularidades en el proyecto de Lagoh y que votó en contra del mismo en sesión plenaria, mientras el resto de grupos miraban a otro lado y permitían que la normativa urbanística fuera pisoteada".

Asimismo, y "ante la ausencia de una respuesta contundente" del gobierno municipal al respecto, Serrano ha anunciado que trasladará estas "irregularidades urbanísticas" a la próxima sesión de la Comisión de Control y Fiscalización al objeto de que el equipo de Juan Espadas reconsidere su "actitud servil ante el atropello cometido en Lagoh y opte por recuperar para los sevillanos" los terrenos que asegura que han sido "robados por la promotora Lar España Shopping Centres".

Por último, la portavoz municipal de Podemos ha destacado el trabajo desarrollado por Ecologistas en Acción en su recurso judicial y ha alabado el papel "fundamental" que las organizaciones y plataformas ciudadanas están jugando en el control de una gestión urbanística "demasiado preocupada por contentar a los fondos buitres" pero "distraída cuando se trata de proteger los intereses de la gente corriente".