El juez del caso Ghali, Rafael Lasala, decidirá si cita a Carmen Calvo, ex vicepresidenta primera del Gobierno, en la causa una vez escuche los testimonios de su ex jefa de gabinete, María Isabel Valldecabres, y de la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Susana Crisóstomo, que declararán el próximo día 18 de octubre. Así lo afirma el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza en una providencia a la que ha tenido acceso 20Minutos y en la que también solicita a Camilo Villarino, jefe de gabinete de la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, que aporte los correos electrónicos en los que se trató la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. La petición, no obstante, ha sido declinada por el imputado al haber, dice, eliminado dichos correos.

En respuesta al escrito judicial, la Abogacía del Estado -que ejerce su defensa, así como la de la ex ministra de Exteriores, Arancha González Laya, imputada en la causa- afirma que el investigado borró los correos electrónicos. Solo mantuvo una copia del pasaporte diplomático argelino de Ghali y el permiso de residencia de su hijo, documentos sí adjuntados. "Mientras fue jefe de gabinete de Exteriores mantuvo la costumbre de ir borrando cada cierto tiempo sus correos electrónicos, por motivos de seguridad y de minimizar el daño en caso de hackeo de los equipos", señala la defensa en un escrito fechado el pasado 4 de octubre.

Laya defiende ante el juez que la entrada de Ghali fue legal y se acoge a la Ley de Secretos Oficiales para no dar detalles

Con todo, la Abogacía va un paso más allá en su estrategia y explica que, aunque no hubieran desaparecido esos correos, no podrían revelar los contactos de Villarino "en este asunto" al afectar a materias de carácter reservado. "Ha de tenerse en cuenta el carácter reservado en esta materia por afectar a la seguridad y a las relaciones internacionales", señala el escrito. Ante esta negativa, la acusación particular podría solicitar la incautación de los dispositivos electrónicos de Villarino.

La justificación de que este caso afecta a la seguridad internacional ya la desplegó la exministra Laya en su declaración como imputada, que tuvo lugar el pasado lunes. Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, se amparó en la Ley de Secretos Oficiales para no dar detalles sobre cómo entró Ghali a España para tratarse de coronavirus y con qué ministros acordó la operación. Este articulado, que data de 1968, marca que podrán ser declarados "materias clasificadas" aquellos asuntos "cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado".

A la salida del juzgado, señaló que todas las actuaciones de la entrada de Ghali el pasado 18 de abril, que provocó una crisis diplomática con Marruecos, se hicieron "de acuerdo a la ley". "He querido transmitirle [al juez] que la entrada se hizo de acuerdo con la ley y espero que pronto llegue a la misma conclusión", añadió la exministra, que siempre ha contado con el respaldo del Ejecutivo.

Pese a que ningún miembro del Gobierno reaccionó a su declaración, cuando la imputaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí mostró su apoyo. "Hizo lo que debía y como debía", señaló sobre este asunto. A preguntas de los periodistas, el presidente insistió en que el Gobierno permitió la entrada de Ghali por razones humanitarias. "Para salvar la vida de una persona que estaba a punto de morir", enfatizó en una rueda de prensa hace dos semanas.