Laya defiende ante el juez que la entrada de Ghali fue legal y se acoge a la Ley de Secretos Oficiales para no dar detalles

Laya, a su llegada para declarar en los juzgados de Zaragoza.
Laya, a su llegada para declarar en los juzgados de Zaragoza.
EFE
Laya, a su llegada para declarar en los juzgados de Zaragoza.
EFE

La exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha defendido ante el juez Rafael Lasala, magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, que la entrada a España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, se hizo "de acuerdo con la ley" y se ha amparado en la Ley de Secretos Oficiales para no dar detalles. Laya ha declarado como imputada tras solicitarlo así las acusaciones populares, que preguntaron "si hubo encubrimiento o no" por parte del Gobierno central cuando Ghali llegó en un avión privado el pasado 18 de abril, un episodio que desencadenó en una crisis diplomática con Marruecos.

"He querido transmitirle [al juez] que la entrada se hizo de acuerdo con la ley y espero que pronto llegue a la misma conclusión", ha señalado la exministra ante los medios de comunicación. Laya estaba citada a las 13 horas y ha declarado durante alrededor de una hora.

Según fuentes presentes en la declaración consultadas por este diario, la exministra se ha amparado en la Ley de Secretos Oficiales para no dar detalles sobre cómo entró Ghali a España para tratarse de coronavirus y con qué ministros acordó la operación. Este articulado, que data de 1968, marca que podrán ser declarados "materias clasificadas" aquellos asuntos "cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado". Preguntada sobre por qué el líder del Polisario no pasó el control de pasaportes, Laya ha asegurado que se decidió así porque "había que ser discretos". También ha declarado este lunes, en calidad de testigo, José María Muriel Palomino, ex secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, que no ha aportado detalles porque no estaba trabajando ese día, según las fuentes consultadas.

La imputación de la exministra llegó tras la petición de dos acusaciones, ejercidas por los abogados Antonio Urdiales y Juan Carlos Navarro. Ambos la solicitaron tras escuchar al ex jefe de gabinete de Laya, Camilo Villarino, que manifestó que fue la exministra quien le ordenó la entrada de Brahim Ghali el pasado 18 de abril. 

El siguiente paso judicial será la declaración como testigos de María Isabel Valldecabres, jefa de gabinete de la ex vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la jefa de gabinete del ministro del Interior, Susana Crisóstomo, el 18 de octubre.

Cuando se conoció la imputación de Laya, el Ejecutivo ya dio su apoyo a la actuación de la ministra. "Hizo lo que debía y como debía", señaló el presidente Pedro Sánchez sobre este asunto. A preguntas de los periodistas, el presidente insistió en que el Gobierno permitió la entrada de Ghali por razones humanitarias. "Para salvar la vida de una persona que estaba a punto de morir", enfatizó en una rueda de prensa hace dos semanas.

La Audiencia descarta imputar a Ghali por genocidio

La declaración de Laya ha coincidido con la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de concluir la investigación contra Ghali sin imputarle por genocidio al entender que los hechos que dieron lugar a la querella, ocurridos entre 1975 y 1990, estarían prescritos y no cumplen todas las características del tipo penal en sí. El movimiento de Pedraz ha llegado después de que la Audiencia le corrigiera la semana pasada y anulase el sobreseimiento de la causa por un defecto procesal.

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