"Puigdemont es más libre hoy que ayer". Con esta frase intentó resumir el abogado italiano del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, la decisión del tribunal de apelación de Sassari (Cerdeña, Italia) de dejar en libertad sin cargos al expresident y suspender la ejecución de la euroorden de detención en su contra hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre su inmunidad como parlamentario. La decisión del tribunal italiano es contraria al criterio del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que expuso esta misma mañana que esa euroorden, como la que existe contra los ex miembros del Govern Toni Comín y Clara Ponsatí, seguía activa.

"España utiliza el Poder Judicial, fundamental en el Estado de Derecho, para conseguir objetivos políticos", declaró Puigdemont en una rueda de prensa que dio junto a sus dos letrados, el italiano Agostinangelo Marras y Gonzalo Boye, desde la isla donde por la mañana tuvo la vista judicial. Y no quedó ahí, sino que envió un mensaje a PP y PSOE, a quienes dijo que la "única manera" de cumplir sus promesas de lograr su extradición pasaría por incumplir la ley: "¿Qué harán? ¿Me secuestrarán, como en la época en que el Estado español estuvo involucrado en la guerra sucia del GAL?".

Italia suspende la extradición de Puigdemont hasta que la Justicia europea decida sobre su inmunidad

Al líder independentista lo detuvieron el 23 de septiembre. Tras unas horas de suspenso, finalmente el tribunal ordenó su puesta en libertad sin medidas cautelares, fijando otra vista para decidir sobre su extradición este lunes. La misma duró varias horas y en ella no intervino Puigdemont, algo que no hizo falta para que el tribunal acordase suspender el proceso de extradición.

El tribunal italiano hizo caso así a la Fiscalía del país, que solicitó suspender 'sine díe' el proceso de extradición hasta que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) resuelva las dudas de Puigdemont sobre su inmunidad como europarlamentario después de que el Parlamento Europeo votase retirársela. También deberá decidir el TGUE sobre las cuestiones prejudiciales que elevó el magistrado Llarena sobre el procedimiento de las euroórdenes cuando Bélgica, al igual que Italia ahora y Alemania antes, se negó a entregar al expresident. Justamente esas tres 'victorias' judiciales las utilizó Boye para interpelar directamente a Llarena: "¿Cuántos procedimientos de euroorden va a abrir Llarena? ¿Veintiséis? Estamos dispuestos a ganar los veintiséis".

Por su parte, Puigdemont recordó que este octubre se cumplen cuatro años desde que proclamó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), que fue seguida por la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española con el que el Gobierno de Mariano Rajoy destituyó a todos los miembros del Govern. Según declaró el expresident, su estrategia judicial pasa por desmontar todas las decisiones de la Justicia española desde entonces, así como ese 155 que considera "ilegítimo". El objetivo es volver a Cataluña, algo para lo que dijo no tener un plazo concreto, pero que vaticinó que será "pronto".

Llarena pide a Italia que le entregue a Comín y Ponsatí porque las euroórdenes de detención "están activas"

"Hace cuatro años que emprendimos el exilio, he hecho frente a tres órdenes europeas de arresto, he comparecido ante tres jurisdicciones diferentes y España no ha conseguido su objetivo", añadió Puigdemont, que dijo "basta" al Gobierno y preguntó si España estaba dentro de la Unión Europea tras asegurar que podía moverse por el resto de los Veintisiete, pero no en España. "Basta de recorrer un camino que no le da resultado positivo, que dificulta una resolución política a un conflicto político, que consiste en negar a los catalanes su derecho a ejercer la autodeterminación", declaró.

Además, Puigdemont se definió a sí mismo como "una persona libre", términos similares con los que se refirió a sus compañeros Comín y Ponsatí. Ambos le acompañaron a la isla italiana y, conocedor de la situación, Llarena solicitó a las autoridades italianas por la mañana que fueran entregados a España. En una providencia, comunicó que las euroórdenes contra ellos estaban activas basándose en el artículo 9.1 de la Decisión Marco 2002/584/JAI relativa a las órdenes de detención europea y a los procedimientos de entrega entre los estados miembro. En ese apartado, se expone que cuando se conozca el paradero de una persona buscada, "la autoridad judicial emisora podrá comunicar directamente a la autoridad judicial de ejecución la orden de detención europea", una petición que por ahora no ha tenido respuesta.

Esto lo utilizaron también Puigdemont -para atacar al Supremo, ya que aseguró que "la reputación de España y de su Poder Judicial" queda muy tocada- y Boye. Este último cuestionó incluso la legitimidad del Alto Tribunal para juzgar al expresident. En la rueda de prensa explicó que el 5 de noviembre de 2017 ya plantearon la existencia de "un problema de competencias" y añadió que el Supremo "ha ido adaptando las razones": "Primero mantuvieron que había habido efectos fuera de Cataluña y luego sobre la especificidad de las condiciones de los eurodiputados. El tribunal europeo deberá de resolver si quien emitió la euroorden es competente para ello".

Previsiblemente, ahora Puigdemont retornará a Bruselas, donde tiene fijada su residencia y donde ejerce como eurodiputado. Mientras tanto, esperará la resolución del TGUE a las dudas sobre su inmunidad y las cuestiones prejudiciales elevadas a consulta por Llarena. El Tribunal Europeo no tiene fecha para pronunciarse, aunque la defensa de Puigdemont espera que ocurra en las próximas semanas.