Según ha informado el Gobierno, el Consejo de Estado ha emitido un dictamen favorable a presentar este recurso de inconstitucionalidad. Además, no se ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Asturias en la Comisión Bilateral, por lo que se procederá a impugnar dicho artículo de la norma de presupuestos.

El citado artículo 39.8 de la ley asturiana introduce una deducción que aplicarán los contribuyentes en la base imponible del importe de subvenciones o ayudas otorgadas por la Administración del Principado de Asturias para paliar el impacto de la Covid-19 sobre los sectores especialmente afectados por la pandemia.

En este contexto, el Gobierno central defiende que la legislación estatal, en concreto el artículo 46.1.c) de la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las CCAA, establece el alcance de las competencias normativas de las comunidades autónomas en materia de deducciones en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Así, el Ejecutivo considera que las deducciones por obtener subvenciones o ayudas para paliar el impacto de la COVID-19 sobre sectores especialmente afectados, exceden las competencias normativas autonómicas, ya que se exceptúan las que afectan al desarrollo de actividades económicas.

"La autonomía financiera de las comunidades autónomas debe desenvolverse en el marco constitucional, y los impuestos cedidos son impuestos estatales, de manera que la regulación autonómica sobre estos debe limitarse a las competencias cedidas y sobre el alcance de la cesión", reivindica el Gobierno en la referencia del Consejo de Ministros.