Tres meses después de la entrada en vigor de la ley de eutanasia, en Madrid, Andalucía y Extremadura siguen sin operar las comisiones de garantía y evaluación, los órganos encargados de supervisar cada caso y autorizar la prestación, según ha denunciado este viernes la asociación Derecho a Morir Dignamente.

En declaraciones a Efe, el vicepresidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Fernando Marín, ha alertado de este problema después de que el diario 'El País' sacara a la luz el caso de una mujer que ha puesto fin a su vida después de que la sanidad pública madrileña no respondiera a su solicitud de eutanasia.

El problema -relata Marín- es que al no haber publicado la Comunidad de Madrid el decreto de nombramiento de los miembros de la comisión de garantía y evaluación "no hay ninguna puerta a la que llamar", ningún organismo que reciba la demanda de ayuda a morir.

Según esta asociación, ocurre lo mismo en Andalucía y Extremadura. De esta manera, el solicitante de la prestación no tiene a quién recurrir ante la falta de respuesta de la administración.

La ley de eutanasia contempla que las resoluciones de la comisión que informen desfavorablemente podrán ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, pero -destaca Marín- la norma no especifica qué se debe hacer cuando no hay respuesta de la comisión.

La ley fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 18 de marzo y daba a las comunidades un plazo de tres meses para constituir las comisiones de garantía y evaluación.