Según informa el comité, así se les ha trasladado alegando, como motivo, "las ejecuciones de deuda que están llegando contra la empresa".

De la medida, explica la representación sindical, se les ha indicado que busca "proteger el patrimonio de la empresa ante posibles embargos por estas ejecuciones que ponen en riesgo la continuidad de la planta y así minimizar el impacto para su salida de esta situación".

El comité de empresa califica de "extremadamente preocupante y crítica" el contexto en el que está la fábrica y exige que "en línea de lo acordado en la última reunión con el Ministerio de Industria, Xunta de Galicia y el administrador judicial, se convoque de urgencia la mesa por el futuro de las plantas de Alu Ibérica". También plantean que se incorporen a dicha mesa los ministerios de Transición Ecológica y de Trabajo.

"INACCIÓN" DE LAS ADMINISTRACIONES

"Nuestra situación es la consecuencia de la inacción y desidia de las administraciones para parar los graves incumplimientos y presuntos delitos cuando hace ya dos años empezamos a denunciar públicamente el engaño y estafa a que estábamos siendo sometidos".

"Por un acuerdo de ERE y venta de las plantas que las administraciones avalaron y prácticamente apadrinaron como solución al no tener la valentía de pararle los pies a Alcoa en su momento", argumenta el comité que sostiene que se permitió "destrozar un sector estratégico como la producción de aluminio primario" en España.

Ante la actual situación, manifiestan que esperan que los representantes de las administraciones "cumplan con sus responsabilidades y sus promesas".