Durante la sesión plenaria, la portavoz municipal de Vox ha señalado el reciente escrito de la Fiscalía reclamando penas de cárcel para los acusados en la investigación judicial de los expedientes de regulación de empleo promovidos en 2003 y 2007 por Mercasevilla, actualmente participada en exclusiva por el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa; entre los que figuran los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, ya condenados por cohecho.

En dicho escrito, recogido por Europa Press, la Fiscalía solicita que Mercasevilla sea declarada como "responsable civil subsidiaria" y que por ello responda con 4,125 millones de euros.

EL CASO MAGRUDIS

También ha señalado la investigación judicial del brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria, extremo por el que fueron encarcelados temporalmente el administrador único de Magrudis, Sandro José Marín Rodríguez, y su padre y 'administrador de hecho', José Antonio Marín Ponce.

En concreto, ha mencionado el escrito en el que la Fiscalía solicita que la causa sea archivada respecto a la a inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla María José O.B., considerando el Ministerio Público que además de que los responsables de Magrudis ocultaran deliberadamente a las autoridades la contaminación de sus productos, en el asunto media "una falta de medios del propio servicio de Inspección y la sobrecarga de trabajo, por la escasa dotación de personal a la vista de sólo nueve veterinarios oficiales para todo el distrito de Sevilla".

Precisamente por eso, y en un escrito recogido por Europa Press, la Fiscalía solicitaba que se declarase la responsabilidad civil del Ayuntamiento hispalense "por responsabilidad patrimonial derivada de funcionamiento normal o anormal del servicio público", dado el "deficiente control sanitario y de la licencia de actividad".

Ante ello, ha avisado de la posible "factura" para las arcas públicas por "la corrupción" investigada en Mercasevilla y por "la absoluta falta de diligencia del Ayuntamiento" con relación a la actividad de la empresa Magrudis "por la falta de personal y de medios del laboratorio municipal".

Tras diversas críticas al Gobierno local socialista, ha reclamado "explicaciones" al alcalde por estos escritos de la Fiscalía y que aclare "qué prevé hacer ante estas peticiones de responsabilidad civil".

"HASTA QUE NO SE PRONUNCIE EL JUEZ"

Frente a ello, Espadas le ha acusado de "manosear la justicia y la política sin el rigor que merece una causa judicial", argumentando que "no hay ningún pronunciamiento que condene al Ayuntamiento" y "hasta que no se pronuncie el juez, no hay nada que decir". En ese sentido, ha defendido que el Ayuntamiento sigue "los criterios de los servicios jurídicos", a los cuales ha manifestando "plena confianza".

Peláez ha precisado de su lado que ella no había manifestado que el Ayuntamiento o Mercasevilla estuviesen condenados, pero a la par ha avisado de que "cuando la Fiscalía condene, eso ya es tarde", correspondiendo en cualquier caso a los tribunales las condenas o absoluciones.

"Lo que dice el fiscal no es la sentencia. El procedimiento judicial no ha concluido", ha señalado Espadas, avisando por último el edil de Bienestar Social, el socialista Juan Manuel Flores, de que el servicio mencionado por la Fiscalía respecto al caso Magrudis no es el laboratorio municipal y que por ello la portavoz de Vox ha atribuido "erróneamente" los déficit a dicho organismo público.

El pleno, además, ha rechazado una moción de Vox en demanda de solicitar a la Cámara de Cuentas de Andalucía una auditoría sobre las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento para proyectos de cooperación al desarrollo en países extranjeros en favor de personas desfavorecidas, contando el Consistorio con ayudas para colectivos como asociaciones sociales o deportivas, hermandades o comerciantes.

MOCIONES DE VOX

En concreto, ante esta propuesta, el PSOE, Adelante y la edil no adscrita han votado que no, mientras el PP la ha apoyado y Cs se ha abstenido, ante lo cual el edil de Vox Gonzalo García de Polavieja ha criticado que el PSOE se oponga a una "mayor transparencia", mientras los socialistas han avisado de un intento de "destruir las políticas municipales" de apoyo a los países desfavorecidos.

Además, ha sido rechazada una segunda moción de Vox que criticaba el supuesto uso de los coches de la Policía Local para "propaganda política", en alusión a la plasmación en ventanillas de coches patrulla de la Policía Local de vinilos con la bandera arco iris de la diversidad sexual con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI.

Invocando el "principio de neutralidad política de las instituciones", Peláez ha apelado a la "dignidad" de la Policía Local y ha asegurado que dicha medida ha "ofendido y ultrajado".

El edil de Gobernación, el socialista Juan Carlos Cabrera, ha explicado que la medida se encuadra en las campañas municipales por fechas reconocidas "por la ONU", como por ejemplo el Día Mundial por la Diversidad Sexual, esgrimiendo "la defensa de las personas que sufren desigualdades". Así, ha avisado de que Vox se nutre "de la exclusión", contando la moción con la negativa de todos los grupos salvo la abstención del PP.