La Generalitat pagará alquileres para evitar desahucios de personas vulnerables

  • La administración ofrecerá a la propiedad de la vivienda un contrato de cinco o siete años de alquiler.
  • Esta medida deja fuera a los grandes propietarios que ya están obligados a ofrecer un alquiler social.
Miembros de la PAH concentrados ante la vivienda de la calle Aragó de Barcelona donde residían las familias desahuciadas.
Miembros de la PAH concentrados ante la vivienda de la calle Aragó de Barcelona donde residían las familias desahuciadas.
PAH

La Generalitat de Cataluña pagará el alquiler de aquellas personas que estén a punto de ser desahuciadas -con fecha estipulada para el lanzamiento- y que se encuentren en una situación de vulnerabilidad acreditada con un informe favorable de la Mesa de emergencia.

Así lo ha anunciado este miércoles la consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, y el secretario de Vivienda e Inclusión Social, Carles Sala. Ambos han explicado que, con esta medida, el Govern amplía el programa 'Reallotgem' para actuar de forma "preventiva" y paralizar los desahucios en lugar de esperar a que se produzcan para realojar a las personas afectadas. 

Cervera ha detallado que, cuando haya un desahucio con fecha prevista, la Agència de l'Habitatge de Catalunya se pondrá en contacto con el propietario de la vivienda, al que le ofrecerá pagarle el alquiler durante los dos o tres meses que tardará la Mesa en evaluar la situación y emitir el informe favorable de los inquilinos, en el caso de que no dispongan ya de él.

Una vez la Mesa haya emitido este informe favorable, la Generalitat ofrecerá a la propiedad pagarle el alquiler durante cinco o siete años. Además, en el caso de que los inquilinos hayan dejado de pagar la renta debido a su situación económica, la administración pagará también la deuda de, como máximo, los últimos seis meses.

"Queremos evitar la angustia que sienten estas personas al ver que pueden perder inminentemente su vivienda y que tengan al menos este margen de dos o tres meses para poder negociar estas medidas", ha dicho la consellera.

Este plan contará con una dotación inicial de 20 millones de euros que, ha afirmado Sala, será "más que suficiente" para abordar la situación de septiembre a diciembre. Las primeras personas a las que se aplicará esta medida serán las 185 familias de la mesa de emergencia de la Generalitat que tienen el desahucio programado entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre.

Así, la Generalitat asumirá la práctica totalidad del alquiler, concretamente, la diferencia entre lo que pueden pagar las personas vulnerables según la normativa vigente, que es el 12, 13 o 18% de sus ingresos ponderados -de media, 70 euros-, y lo que marca el índice de referencia del precio del alquiler que determina el importe definitivo. 

Esta medida cubrirá todo tipo de lanzamientos, como impagos de alquiler y ocupaciones por necesidad, y deja fuera a los grandes propietarios que, por la ley autonómica 24/2015, ya están obligados a ofrecer un alquiler social antes de iniciar un proceso de desahucio. 

900 casos en la mesa de emergencia de la Generalitat

Respecto a medidas "reactivas", Sala ha detallado que la mesa de emergencia de la Generalitat tiene acumulados 900 casos de familias vulnerables pendientes de poder acceder a una vivienda tras haber sido desahuciadas y que, en el caso de la mesa del Ayuntamiento de Barcelona, la lista es de otros 600 hogares. 

"Desde enero de este año teníamos el programa 'Reallotgem' para dar solución a las personas que habían perdido ya la vivienda por un desahucio. Tenemos una urgencia aún en este caso y estamos mirando cómo nos pueden ayudar a los ayuntamientos y otros actores del sector para movilizar viviendas en desuso", ha explicado el secretario.

Ante esta situación, tanto Sala como Cervera han reconocido que hay "un gran problema" de falta de vivienda pública y que la medida que han presentado este miércoles pretende, en parte, dar solución a esta problemática. En este sentido, la consellera ha señalado que el Govern trabaja tanto para "conseguir vivienda de manera urgente y rápida" como para "conseguir vivienda pública a través de la construcción, aunque esto no puede ser inmediato".

Por otra parte, Sala también ha criticado que el Gobierno no se haya pronunciado aún sobre si alargará o no la moratoria de desahucios que expira el próximo 9 de agosto. "Nos encontramos ante una situación de gran incertidumbre sobre la normativa, sobre si habrá o no prórroga de la moratoria de desahucios del Estado. Nos sorprende que el Gobierno más progresista de la historia a estas alturas todavía no haya decidido cómo resolver esta situación", ha dicho.

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