José Luis Ábalos ya no está en el Gobierno, pero la polémica en torno al rescate de la compañía aérea Plus Ultra continúa. El hasta hace días ministro de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad actuaba como una especie de cortafuegos, pues hacia él, como encargado de las relaciones con Latinoamérica, apuntaba la oposición cuando se hablaba del rescate a la empresa. Sin embargo, ahora los focos apuntan a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como titular de la cartera de la que depende la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es quien aprobó la ayuda. Vox ya ha pedido su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
La decisión judicial se ha conocido en la mañana de este jueves. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid comunicaba su decisión de suspender el rescate a la aerolínea, dándole un plazo de cinco días para acreditar su necesidad de recibir 34 millones de euros por parte del Estado. Esa entrega estaba prevista para el próximo 28 de julio. Además, a esa cantidad hay que sumarle otros 19 millones, según el acuerdo al que llegó el Gobierno el pasado 9 de marzo y que fue recurrido tanto por el Partido Popular como por Vox. Este montante ya ha sido entregado y, tal y como ha alertado la Abogacía del Estado, podría peligrar si no se completa el pago a la aerolínea porque se comprometería la viabilidad de la empresa, según ha avanzado El Confidencial.
El rescate a la compañía levantó suspicacias entre la oposición y sorprendió a otras empresas del sector. Tanto por su situación económica, ya que registra pérdidas desde su creación, como por su cuota de mercado, ya que en 2019 -último año sin pandemia- operó alrededor de 820 vuelos con 156.139 pasajeros. Pese a todo, fue la segunda empresa en recibir la ayuda del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI. La primera fue Air Europa, que recibirá 475 millones y que en el mismo año transportó 19 millones de pasajeros.
Esas sospechas se tradujeron en sendas querellas de PP y Vox que, además de la suspensión del rescate, también supuso la imputación del que fuera presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora, y su posterior cese. Fue sustituido por la hasta entonces presidenta de Navantia, Belén Gualda González. Además, la oposición tuvo claro a quién apuntar: al exministro Ábalos, por su relación con Latinoamérica y también por el escándalo conocido como 'Delcygate' en el que se vio envuelto tras tener un encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Barajas.
Asimismo, el PP apunta a que la aerolínea está vinculada a Nicolás Maduro. "El cese de Ábalos no tapa las corruptelas a favor de Maduro para pagar los votos de Podemos", ha dicho Pablo Casado, presidente de los 'populares'. Si bien, lo cierto es que, con el socialista fuera del Ejecutivo, hay otra cabeza política a la que ya apunta la oposición: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La exportavoz del Gobierno, apartada de ese cargo -aunque no del Ministerio- el mismo día que se cesó a Ábalos, es la responsable máxima de la SEPI, la entidad que ordenó el pago. Por ello, Vox ha registrado este jueves en el Congreso una solicitud para que comparezca a explicar el rescate, "teniendo en cuenta las irregularidades cometidas a lo largo del procedimiento de concesión".
Con todo, Montero ya justificó el pago en la Cámara Baja. El 17 de marzo, apenas ocho días después de aprobarse, dijo en una sesión de control que se trata de una "empresa española" que cumplía con los requisitos del fondo y destacó que cuenta con licencia de tipo A, que le permite operar vuelos de gran tamaño a Latinoamérica. "Solo hay 20 con licencia de tipo A", ha afirmado. Aseguró también que genera 350 empleos directos y 2.500 indirectos.
Plus Ultra, "tranquila y segura"
Por su parte, fuentes cercanas a la SEPI han explicado a la agencia EFE que pusieron ellos en conocimiento del juzgado el rescate el pasado 14 de julio por un principio de prudencia. Además, solicitaron un informe a Deloitte, asesor jurídico de la operación, y a la abogacía del Estado. La primera concluyó que no existía impedimento legal alguno para abonar la cantidad pendiente y la segunda advirtió de que sin ese desembolso se violentaría la obligación contractual contraída con la línea aérea, aunque recomendó contar con el beneplácito de los tribunales.
Desde Plus Ultra han informado a la agencia que esa financiación "es imprescindible" para dar cumplimiento al Plan de Viabilidad y para mantener los empleos. Además, han garantizado que colaborarán con la Justicia.
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