Manuel -nombre ficticio- gastó entre el 25 de septiembre de 2017 y el 11 de octubre de 2018 cerca de 8.500 euros en una casa de apuestas. Lo hizo pese a estar registrado en el listado de autoprohibidos de la Comunidad de Madrid, un medio de autoprotección en el que los adictos al juego se dan de alta para que se les prohíba su entrada a estos locales. Por ello, el Defensor del Pueblo ha alzado la voz para pedir a la Comunidad de Madrid sanciones y más control para las empresas de juego. Sin embargo, no es un problema focalizado en la autonomía que acoge la capital de España, sino que diferentes asociaciones de jugadores rehabilitados de otras comunidades explican que es un problema nacional para que hace falta más acción y "valentía política".

Fue el padre de Manuel quien expuso la situación de su hijo al Defensor. Lo hizo con "frustración e impotencia" porque, además, la demostrada "ineficacia en los sistemas de control" no se tradujo en una multa a la empresa responsable. Tras la denuncia, el Gobierno madrileño impulsó dos expedientes sancionadores, pero la demora administrativa -la queja se interpuso en agosto de 2018 y no comenzó a tramitarse hasta diciembre de 2019- hizo que uno de los dos caducase al estar ya sobreseído. "El incumplimiento ha quedado impune", resumen desde la institución pública, que explica que el objetivo de proteger a los ludópatas no se consigue "solo con una ley formal que tipifique delitos" -el control físico en estos locales lo impuso Madrid en 2018-, "sino que también es preciso una administración que haga cumplir la ley con eficacia". 

"Hasta hace poco aquí, en Andalucía, no pedían el DNI a la entrada de los salones de juego", cuenta Francisco Abad, presidente de la Federación Andaluza de Jugadores de Azar Rehabilitados, demostrando que estos problemas, no obstante, se multiplican a lo largo y ancho de la geografía española. Añade Abad que en la reciente norma aprobada en Andalucía, no obstante, no se regula lo suficiente este tipo de controles. "En la práctica, se deja entrar hasta a menores", sostiene, antes de mostrar su "descontento" también con la, a su juicio, "poca" distancia que se ha obligado a tener a las casas de apuestas de los colegios: 150 metros, al igual que en Madrid, pero menos que, por ejemplo, en Cantabria, autonomía que ha marcado como mínimo medio kilómetro o en Valencia, donde impusieron una distancia mínima de 850 metros.

También advierte de los vacíos prácticos del registro a la hora de entrar a ciertos locales Julio Abad, psicólogo de Patim, una asociación valenciana de intervención de adicciones. En una conversación con 20Minutos, reconoce que la autoexclusión "no funciona" en ocasiones, aunque opta por la prudencia para "no culpabilizar a todos los salones de juego". "Mis pacientes me reconocen que en algunos centros no piden el DNI, a veces por despiste, porque ya les conocen...", argumenta. Y eso que, en esa comunidad, la ley de juego que se aprobó en mayo de 2020 endureció las sanciones hasta los 6.000 euros, convirtiéndose en uno de los textos que regulan al sector más restrictivos de España.

En Cataluña, el descontrol en algunos locales de apuestas no lo reconocen las asociaciones de jugadores rehabilitados, sino la propia Generalitat. Lo hizo en una instrucción gubernamental publicada en mayo de 2019, en endurecía las condiciones que tenía que tener el registro de acceso como respuesta a "varios incidentes en algunos establecimientos a consecuencia de cierta falta de diligencia a la hora" de realizar los controles. 

Quizá esa orden -que obligaba a comprobar todas las entradas- ha sido lo que ha provocado que, según narra Francesc Perendreu, presidente de la Asociación y Centro Catalán de Adicciones Sociales (ANCECAS), ahora no se registren estos problemas en la región. "Aquí no tenemos ningún problema", recalca a este diario, al que también cuenta que en algunos locales para entrar se ha de prestar hasta la huella dactilar.

El Gobierno coordinará los registros de autoprohibidos

Desde la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar) también reconocen los problemas de reconocimiento y piden más dureza a las autonomías, además de contemplar una posible unificación de competencias. "Como cada autonomía puede legislar, sí encontramos diferencias sustanciales entre comunidades", cuenta Juan Lamas, director técnico de Fejar y director terapéutico de la Asociación Gallega de Jugadores Anónimos (Agaja).

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Eso sí, parece una quimera esa unificación, aunque el Ejecutivo avanza en la "coordinación" de las mismas, según explican a este diario fuentes del Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón. Destacan las fuentes consultadas que esta semana el Consejo de Políticas del Juego ha dado luz verde a que todas las administraciones conecten sus propios registros de autoprohibición.

En la actualidad, existe el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), en el que apuntarse es una decisión voluntaria y restringe el acceso a los sitios de apuestas online. En él se ha superado la barrera de los 60.000 inscritos, después de que este año se hayan registrado 3.700 personas nuevas. Sin embargo, cada comunidad tiene su propio registro, que es el que les prohíbe entrar a los locales físicos en esa autonomía. Con el acuerdo alcanzado el miércoles, explican las mismas fuentes, las comunidades pueden integrar sus bases de datos con el registro estatal. 

La prohibición de anuncios de apuestas entrará en vigor en septiembre

Desde Consumo también recuerdan que el decreto aprobado para regular la publicidad de los juegos de azar entrará en vigor en septiembre. Como avanzó 20Minutos, este texto normativo prohíbe los anuncios de apuestas en cualquier horario que no sea entre la una y las cinco de la mañana. También propone multas para las empresas de hasta un millón de euros y la suspensión de su actividad. Además, la ley, que se aprobó el 3 de noviembre de 2020, expone que los equipos de fútbol no podrán tener publicidad de empresas del juego en sus camisetas ni en sus equipaciones, al igual que tampoco se podrán anunciar con personajes "famosos".