España no ha terminado de transponer la normativa europea en lucha antiterrirosta y por eso la Comisión Europea ha abierto expediente. Casi tres años de retraso lleva el Gobierno en la adopción de esta normativa, que tendría que estar incluida desde septiembre de 2018, fecha en la que ya estaba en el poder el Gobierno de Pedro Sánchez, pero sobre la que ya conocía detalles el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Se trata de una norma de la Unión Europea en materia de lucha antiterrorista que permite perseguir delitos como la financiación del terrorismo, el adiestramiento o los viajes al exterior para atentar, y es, dicen en Bruselas, un elemento clave de la 'hoja de ruta' consensuada por la UE para avanzar en la lucha conjunta contra el terrorismo.

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La apertura del expediente tiene la forma de una carta motivada que señala a las autoridades nacionales los problemas y les da un plazo de dos meses para actuar y corregir la situación. Estos procedimientos prevén una segunda etapa de diálogo si no se resuelve el conflicto en esta primera fase y, en última instancia, el Ejecutivo comunitario podría elevar los casos ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Además de contra España, Bruselas ha actuado de la misma manera contra República Checa, Chipre, Grecia y Lituania, países a los que también reprocha no haber incorporado correctamente algunas de las disposiciones de la normativa común.

La directiva tipifica como delito y sanciona los delitos relacionados con el terrorismo, por ejemplo viajar al extranjero para cometer delitos terroristas, regresar a la UE o viajar dentro de esta para realizar actividades de esta índole, participar en adiestramientos con fines terroristas o financiar el terrorismo. Además, establece disposiciones especiales para las víctimas del terrorismo a fin de garantizar que tengan acceso a una información fiable, así como a servicios de apoyo profesionales y especializados, inmediatamente después de un atentado y durante el tiempo que sea necesario.