La defensa del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha solicitado al juez del caso 'Tándem' que corrija los "errores materiales" que ha observado en el auto con el que imputó a Iberdrola Renovables Energía SA (IRE), indicándole en este sentido que no era el responsable de esta última cuando se habría contratado el llamado proyecto 'Wind' al entonces comisario José Manuel Villarejo.
En un escrito enviado al Juzgado Central de Instrucción Número 6, la defensa de Sánchez Galán insta al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón a rectificar "dos errores materiales" que ha detectado en el auto dictado el pasado viernes, donde imputó a Iberdrola Renovables por entender que el proyecto 'Wind' se contrató y desarrolló en nombre y beneficio de la compañía.
El primero de los "errores" que considera "indispensable" corregir es que el magistrado afirmó en su resolución que, "al tiempo de la contratación y ejecución de los trabajos de este proyecto 'Wind', el presidente del Grupo Iberdrola, y en concreto de Iberdrola Renovables Energía SA, era el investigado Ignacio Sánchez Galán".
Por contra, la defensa asevera que "el señor Sánchez Galán no ha ocupado jamás cargo alguno en los órganos de administración de esa empresa, por lo que no es correcto lo que se dice en el auto", subrayando que "en ningún momento" fue presidente de Iberdrola Renovables en el lapso temporal donde el propio instructor sitúa la ejecución de 'Wind', de 2011 a 2016.
Para acreditarlo, el abogado de Sánchez Galán aporta un certificado emitido por el secretario del consejo de administración de IRE, "con las garantías de fehaciencia correspondientes", "pese a que cuanto se expone resulta de las actuaciones y es perfectamente verificable por el juzgado a través del Registro Mercantil de Valencia".
La situación procesal de Del Olmo
El otro "error" mencionado se refiere a la situación del que fuera director de Control de Funciones Corporativas, José Antonio del Olmo, que comunicó irregularidades a raíz de otro supuesto encargo de Iberdrola a Villarejo: 'Arrow'.
García-Castellón acordó en el mismo auto el sobreseimiento libre para Del Olmo respecto a la querella presentada por Iberdrola en su contra por un presunto delito de falsedad en documento privado. Según la eléctrica, el informe elaborado por el ex directivo sobre contabilización de facturas anómalas por la Dirección de Seguridad Corporativa de 1 de diciembre de 2004 era un 'dossier' manipulado que se creó para perjudicar a la compañía.
La querella se presentó en un juzgado de instrucción de Bilbao en 2020 pero acabó incorporándose a esta pieza separada de 'Tándem'. La entidad solicitó personarse como acusación particular, abriendo la puerta a un posible conflicto de intereses, según advirtió el magistrado en un auto del pasado 25 de junio. El pasado viernes, lo resolvió archivando la querella, al estimar que los hechos habrían prescrito, y arrebatando a Iberdrola tal condición.
En el escrito, el abogado de Sánchez Galán alerta de que en el auto analizado García-Castellón aludió a Del Olmo como "uno de los testigos claves para sostener la acusación". Sin embargo, apunta, desde el pasado mes de noviembre figura como investigado en la pieza separada por su presunta participación en un delito de cohecho, sin que su estatus procesal haya variado desde entonces.
La defensa de Sánchez Galán esgrime que el hecho de que el juez haya dado carpetazo a la querella libera a Del Olmo de un presunto delito de falsedad en documento privado, que era de lo que se le acusaba en la misma, lo cual "nada tiene que ver con el delito de cohecho que motivó su imputación en la causa", donde seguiría como investigado.
"No hace falta abundar en la trascendencia del error apreciado, afectante a la posición procesal misma de uno de los protagonistas del procedimiento", sostiene el escrito, apostillando que "la necesidad de su rectificación, en orden al correcto desenvolvimiento de la causa y la delimitación exacta de quienes ostentan la cualidad de parte procesal (con todo lo que ello implica), resulta incuestionable".
El proyecto 'Wind'
García-Castellón ha concluido, en base a sus pesquisas, que Iberdrola Renovables contrató a Villarejo a finales de 2011 a través del entonces director de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, para investigar a la empresa suiza Eólica Dobrogea, a su accionista mayoritario Chrisopher Kaap y a su apoderado Corneliu Dica.
Iberdrola Renovables se había aliado con la compañía eólica para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía, pero con el tiempo surgieron conflictos que se acabaron resolviendo de forma favorable a la eléctrica española en un procedimiento arbitral.
El juez mantiene que estos hechos serían imputables a empleados y directivos de Iberdrola Renovables, pero también a la entidad al creer indiciariamente acreditado que el supuesto encargo a Villarejo no se realizó a título individual por parte de los trabajadores de la empresa, "sino que se hizo en nombre o por cuenta de la mercantil Iberdrola Renovables Energía SA y en beneficio de la propia compañía".
El instructor ha destacado a este respecto que la factura emitida el 14 de febrero de 2012 por Cenyt —buque insignia del grupo empresarial de Villarejo—, por importe de 29.500 euros en concepto de servicio des de apoyo y logística de seguridad a personal en Rumanía, fue pagada por Iberdrola Renovables, "evidenciando con ello que la actuación de los investigados, como personas físicas, se llevó a cabo en todo momento en nombre y por cuenta de la propia compañía".
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