La proliferación de Vehículos de Movilidad Personal (VPM) en las grandes ciudades es un hecho. Sin embargo, su crecimiento exponencial y sostenido en el tiempo no ha venido acompañado de una regulación acorde a los riesgos que pueden generar. Al menos así lo entiende la Fiscalía, que ya ha pedido que se realicen más controles de alcohol y drogas y se les obligue a tener seguro pues, "en algunas ocasiones, generan un gravísimo peligro para la circulación vial". Mientras tanto, los usuarios critican el señalamiento "injustificado" y piden cambiar el foco del problema, que para ellos es el coche.
En una rueda de prensa el pasado 21 de junio, el fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, usó palabras como "inundación", para definir la mayor presencia de este tipo de vehículos, y "perturbación", en relación a cómo afectaban a la siempre difícil convivencia entre peatones y cualquier tipo de vehículo en las ciudades. En aquella comparecencia, dijo que le parecía "genial" y "una buena noticia para la movilidad sostenible" la aparición de los patinetes eléctricos y similares. No obstante, insistió en su potencial peligrosidad al hablar de un "aumento" de la siniestralidad de los accidentes que protagonizan. No dio, eso sí, datos concretos, pues los registros dependen en gran medida de los ayuntamientos.
20Minutos ha solicitado información a los de Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, recibiendo cifras solo de los dos primeros. Desde el Área de Seguridad y Emergencias del Consistorio capitalino datan en 222 los accidentes de patinetes que han tenido que recibir asistencia del Samur. Ha habido dos casos graves y en uno de ellos falleció una mujer. En 2020, el número de sucesos alcanzó los 360, casi uno al día. Desde la concejalía de Seguridad de Barcelona informan de otras dos muertes en la Ciudad Condal. Esta cifra dista bastante de los 14 fallecimientos registrados en 2020, en el que hubo 141 personas heridas. Pese a estos números, cabe destacar que la siniestralidad se redujo un 30% respecto al año anterior.
La respuesta de Vargas se ha traducido en un dictamen enviado a todas las policías urbanas en las que les insta a realizar más controles de alcohol y drogas a los usuarios de VPM. En el escrito, al que ha tenido acceso 20Minutos, se da la orden de que estos controles sean "conocidos y visibles" y que puedan llegar a suponer la "inmovilización, la retirada y el depósito ante infracciones legales generadoras de situaciones de riesgo". Las infracciones que conlleven "resultados lesivos" pueden suponer penas de prisión de 1 a 9 años si el delito exigible es el de homicidio (artículo 142 del Código Penal) o entre 3 meses y 6 años y 9 meses si es el de lesiones imprudentes (artículo 152).
Sin embargo, no siempre estas sanciones se materializan. Como ejemplo, Murcia. La Fiscalía regional ha sido pionera en actuar contra conductores de VPM que conducían sin permiso a velocidades similares a las de una motocicleta. En una rueda de prensa, el fiscal superior, José Luis Díaz, informó de que ya han abierto diligencias por estos hechos contra algunos usuarios, lo que ha dado lugar a cuatro sentencias condenatorias en los juzgados murcianos. Eso sí, dos fueron revocadas por la Audiencia Provincial y otra está recurrida al Supremo. Además, el Ministerio Público abrió diligencias en otros seis casos, siendo archivadas cinco.
El seguro obligatorio para los VPM, otra lucha de Fiscalía
En el escrito al que se hace mención, el fiscal también insiste en la necesidad de que los usuarios cuenten con un seguro, al igual que los conductores de motos o coches. Recuerda así que en caso de accidente, no tener seguro puede suponer un aumento de la pena. “La circulación sin seguro es también reveladora de una grave irresponsabilidad”, explica. No obstante, no está clara todavía la regulación al respecto, por lo que la Fiscalía se ha unido a la Dirección General de Seguros y el Consorcio de Compensación de Seguros para estudiar fórmulas de cobertura para sucesos que protagonicen los VMP.
Esta obligatoriedad fue propuesta por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en 2018. Tras una reunión con asociaciones de víctimas, explicó que su cartera se planteaba entonces una legislación para regular "a los nuevos victimarios" -los conductores de estos vehículos- con la prioridad de que entrasen dentro de la cobertura de los seguros de movilidad, sin haberse concretado aún, tres años después.
La última y tercera vía de peligrosidad que la Fiscalía se ha propuesto atajar es la manipulación de estos vehículos para que corran más o su comercialización sin la homologación necesaria. Vargas dijo que los patinetes se regalan ahora "como si fueran balones de baloncesto" y añadió que han detectado una "muy extendida vulneración de las normas reguladoras de la homologación". Instan a los fabricantes de respetar las normas del Reglamento Europeo (artículos 9, 12 y 14) y a las policías a hacer cumplir las normas.
"El foco es el equivocado"
Ante las advertencias del Ministerio Público, los usuarios señalan que la Fiscalía pone el foco en el "sitio equivocado". Según explica a este diario Antonio Gómez, portavoz de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, están de acuerdo en que se hagan controles a "todos los que no hagan un uso responsable de los VMP", pero pide a las autoridades que vayan a la raíz del problema: "Si vamos por las aceras es por la falta de seguridad en la vía. Es un señalamiento injustificado".
Así, argumenta que quien "siempre incumple los límites de velocidad" -que, desde el 10 de mayo, son 30 kilómetros por hora en la mayoría de vías urbanas- "son los automóviles". "Señalándonos a nosotros agravan una parte del problema sin hablar del problema real", critica.
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