Este sistema se contempla en el Decreto-Ley 4/2021, de 4 de junio, que ha sido convalidado este jueves en el Pleno de la Asamblea, por el que se adoptan medidas de extraordinaria y urgente necesidad orientadas a establecer la prestación a la demanda y garantizar el equilibrio económico de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera sometidos a obligaciones de servicio público.

La convalidación ha sido apoyada por los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas por Extremadura, mientras que el PP ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido.

Este nuevo sistema, intermedio entre el régimen de transporte a demanda "puro" y la ejecución ordinaria de los servicios, según la consejera, permitirá distinguir entre el tráfico principal de una línea y el tráfico dependiente de ella, que "estando distanciada del itinerario principal, suponiendo un menor número de pasajeros, hace que las rutas se alarguen en kilómetros, tiempo y horarios para poder acceder a los servicios básicos".

De esta forma, ha explicado, se posibilita que el itinerario principal sea operado con autobuses y el resto, cubiertos mediante demanda, con otros vehículos de la empresa o externos como taxis o VTC, que funcionarían a modo de lanzadera para conectar con los autobuses de la ruta.

Según Iglesias, esto permitirá "mantener la cobertura en todos y cada uno de los municipios" de Extremadura, reducir los tiempos de viaje de los servicios, haciendo el transporte público "más competitivo, atractivo y sostenible, además de menos contaminante".

Este sistema estará "monitorizado" mediante aplicaciones móviles, contará con central de reservas gratuita y control de flota, se pondrá en marcha con carácter de prueba a partir del próximo otoño, en dos concesiones, una por cada provincia.

Por un lado, la concesión JEV021, que incluye el servicio de Esparragosa de Lares a Badajoz, con una duración actual de cuatro horas, con 25 municipios implicados, y en la que se ahorrarán 98 kilómetros al día, y supondrá una mejora de 55 minutos en el tiempo de viaje.

También el servicio de Villanueva de la Serena a Mérida, que se reducirá en 30 kilómetros al día y 25 minutos sobre una duración actual de una hora y media. Y los servicios Cáceres-Cabeza del Buey y Cabeza del Buey-Don Benito y Sancti Spiritus-Cáceres, con una mejora de 30 minutos y 75 kilómetros al día.

Y en la concesión JEV007 los servicios en pruebas serán Albalá-Trujillo, con un ahorro de 45 minutos y 25 kilómetros al día en la ruta que actualmente opera en una hora y 20 minutos, y el Ibahernando a Torremocha con una mejora de 10 minutos y 19 kilómetros al día, en tiempos de viaje con un recorrido de 50 minutos.

Además de estas medidas contempladas en el decreto ley, ha avanzado que los trabajos continuarán en el ámbito de la concertación social más allá de estas "respuestas urgentes y necesarias" para definir la gestión y garantía del servicio público del transporte, en lo que será el Pacto extremeño por la movilidad sostenible, al que se comprometió el presidente de la Junta.

Un pacto que llevará a su vez al futuro diseño de un mapa concesional "reordenado, sostenible para medioambiente, y plenamente garante del derecho a la movilidad de los usuarios".

Por último, la consejera ha justificado la "urgente la necesidad" de impulsar la transición a un nuevo modelo en el transporte por carretera por la caída de usuarios motivada por las restricciones aplicadas por la pandemia.

"ABUSO DESMEDIDO" DEL "DECRETAZO"

Una argumentación que no ha sido compartida por los grupos de la oposición, que se han quejado del "abuso desmedido" que hace el gobierno regional de la figura del decreto ley para introducir "de rondón" cambios que suponen "recortes" en la prestación de los servicios, sin dar oportunidad al debate y a las aportaciones del resto de fuerzas políticas.

Así lo ha expresado el diputado del Grupo Popular Víctor del Moral, quien ha señalado que esta decreto llega "tarde" tras más de un año de pandemia y justo cuando se está alcanzando una situación de "relativa normalidad".

Por ello, y tras volver a definir a Iglesias como la "consejera de inmovilidad", ha remarcado que estos cambios eran necesarios desde antes de la pandemia, y que ya en la ley de medidas urgentes para el transporte de 2009 se apuntaba a la necesidad de una redefinición del mapa concesional que este real decreto retrasa dos años más, ha dicho, hasta 2023.

Sobre el transporte a demanda, se ha mostrado de acuerdo en la implementación de un sistema que, según ha señalado, la consejera plantea como una "solución mágica, que de mágica no tiene nada", cuando se viene aplicando en varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León desde el año 2004.

En todo caso, ha remarcado que en lo que no está de acuerdo es en que se modifique el sistema por la vía del "decretazo, sin escuchar a nadie", entre ellos a la comunidad escolar, sobre la que ha reprochado a la consejera que no haya dicho nada en su intervención.

Y es que, según ha señalado, una de las "sorpresas" y "recortes" que se recogen se refiere a que los usuarios ajenos al ámbito educativo ocupen las plazas vacantes en las rutas del transporte escolar.

"¿Qué opinan los padres de sus hijos menores puedan estar en horario escolar viajando con adultos a los que no se les exige el certificado de penales por delitos sexuales como sí se le exige a los docentes e incluso al conductor de la ruta y al acompañante?", se ha preguntado.

Y, sin embargo, ha criticado, se niega el uso de estas vacantes a los alumnos de Bachillerato de los centros concertados, algo "increíble" fruto del "sectarismo ideológico" de la Junta.

UN NUEVO MAPA CONCESIONAL

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Joaquín Prieto ha considerado que este decreto es "poco empático" con los usuarios y las demandas "históricas" de las empresas del sector, pues considera que "atiende más a criterios técnicos que a sus necesidades.

Prieto ha deseado que los cambios introducidos sean una solución al "aislamiento" de los municipios del medio rural, que carece de alternativa de transporte público más allá del autobús debido a las deficiencias del ferrocarril extremeño.

Al respecto, ha abundado en la necesidad de mejorar la calidad del servicio mediante la definición de un nuevo mapa concesional que sustituya al actual que favorece, ha señalado, a las grandes empresas que pueden pujar por lotes.

APUESTA DE FUTURO POR EL TREN

A su vez, la portavoz de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha señalado que la pandemia ha evidenciado las "enormes deficiencias" que arrastraba el sistema de movilidad en Extremadura, y que ahora se pretende resolver mediante un "decretazo" que evita el debate y las aportaciones del resto de grupos políticos y del propio sector.

Para De Miguel, el "verdadero medio de transporte del futuro, sostenible y colectivo" es el ferrocarril, y en este punto la región parte con unas conexiones "pésimas". "Necesitamos un ferrocarril que nos vertebre, y que no solo conecte a las capitales".

Finalmente, el diputado socialista Juan Ramón Ferreira ha defendido el decreto del Ejecutivo regional como una "solución necesaria" para el sostenimiento del transporte por carretera y para las empresas del sector.

Ferreira ha reconocido que el sector padece "problemas estructurales" a los que se pretende dar una solución de "forma dialogada", y ha señalado que el decreto establece las "bases" para un "ambicioso plan de movilidad" comprometido por la Junta.