El Ministerio Fiscal sostiene que, en el mes de junio de 2018, el acusado conoció en el centro de empresas de la Curtidora de Avilés a XXX, presentándose como asesor financiero e intermediario a través de su empresa AAA, de la cual era administrador y socio único, siendo su objeto social el asesoramiento, servicios y consulting financiero a empresas, particulares, organismos y cualquier otro ente de carácter económico.

En base a ello, el acusado le habló a XXX de los buenos resultados económicos que se estaban obteniendo con la compra de Letras del Tesoro Americano con vencimiento a cuatro semanas, presentándolo como una inversión en la que llevaba trabajando un tiempo y que era segura, consistiendo la misma en la compra de dichas letras a través del banco HSBC. La compra la debía hacer el intermediario, en este caso el acusado a través de su empresa, y el dinero provenía de inversores particulares.

Una vez finalizado el plazo de vencimiento, el inversor recuperaba el dinero invertido más los intereses correspondientes. De esta manera, el acusado consiguió convencer a XXX para que invirtiera 20.000 euros en la compra de las Letras. Para dar más veracidad a la inversión, el acusado hizo firmar a XXX un impreso, que suponía ser una orden de compra de las letras, y le entregó un documento que acreditaba la realización de la inversión y donde aparecía un número de seguimiento, documentos que no eran auténticos.

Una vez transcurrido el plazo de vencimiento, el acusado no entregó el dinero ni los intereses a XXX, dado que dicha inversión no había sido realmente realizada. El 3 de octubre de 2018, el hermano de XXX, YYY, se puso en contacto con el acusado y, dados los buenos resultados que parecía que daban las Letras del Tesoro Americano, decidió invertir 30.000 euros, realizando cinco transferencia de 6.000 euros a la cuenta que la empresa del acusado.

La fecha de vencimiento era el 8 de noviembre de 2018 y la fecha límite para realizar el reembolso del capital más los intereses era el 22 de noviembre. El acusado le hizo firmar también un documento que suponía ser una orden de compra de las letras y le entregó que supuestamente acreditaba la realización de la inversión, con un número de seguimiento, documentos que tampoco eran auténticos.

Antes de vencer esta inversión, el acusado le ofreció a YYY la posibilidad de invertir otros 3.000 euros en la compra de más Letras, que YYY aceptó, volviendo a firmar la orden de compra y recibiendo el documento acreditativo de la inversión con el número de seguimiento. En este caso, la fecha de vencimiento era el 6 de diciembre de 2018 y la fecha límite de reembolso era el 20 de diciembre. Una vez transcurridos los plazos de vencimiento, el acusado no entregó el dinero ni los intereses a YYY, dado que las inversiones no habían sido realmente realizadas.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil continuado del artículo 392.1 del Código Penal, en relación con el 390.1.2º y 74, en concurso con un delito de estafa de los artículos 248.1, 250.1.5º y 6º y 77.3. Y solicita que se condene al acusado a 5 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a XXX con 20.000 euros y a YYY, con 33.000 euros, más los intereses legales correspondientes. De estas cantidades responderá de forma directa la empresa del acusado.