La Diputación vizcaína anunció este pasado lunes que plantea incorporar, de manera gradual, un sistema de pago por uso de las carreteras que incentive que los camiones de más de 3,5 toneladas utilicen las vías de alta capacidad. Para ello, se aplicará un canon a estos vehículos mediante la colocación de una treintena de arcos de control en la N-240, BI-625, N-636, A-8 y Txorierri. El sistema podría comenzar a funcionar, al menos parcialmente, a partir del otoño de 2022.
En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Imanol Pradales ha afirmado que no le sorprenden las críticas del sector de transporte de mercancías a esta propuesta. "Tenemos que comprender que un sobrecoste no gusta en principio a nadie, pero la Diputación tiene que velar por el bien común", ha señalado.
En este sentido, ha apuntado que "hay que ver más allá, lo que ganamos con esa medida independientemente de que pueda haber un sector al que le afecta directamente y con el que hay que trabajar para buscar cómo atemperamos esa repercusión".
CON MÁXIMAS GARANTÍAS
Por otro lado, ha asegurado que la Diputación pretende diseñar "una norma con máximas garantías jurídicas" que va a "seguir escrupulosamente los principios que marca de Directiva europea" en esta materia.
De este modo, ha explicado, se buscará "un sistema de pago por uso muy bien tramificado en que no quepa la menor duda de que se están aplicando el conjunto de los principios, también el no discriminación directa o indirecta, que es un poco el elemento que le está generando esta incertidumbre jurídica" en el caso de Gipuzkoa.
(Habrá ampliación)
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