Càritas Diocesana de Barcelona ha lamentado este martes la muerte de uno de los usuarios de la entidad social, que se suicidó cuando iba a ser desahuciado el pasado lunes por la tarde de su domicilio en el barrio de Sants. "No es un caso aislado, sino que es la punta del iceberg de una problemática que arrastramos desde hace muchos años”, ha declarado el responsable de Acció Social de la organización, Eduard Sala.

Càritas Diocesana ve necesaria la puesta en marcha urgente de un “plan de rescate estructural de lucha contra las causas generadoras de exclusión social”y exige que se garantice el derecho a la vivienda ampliando la oferta de viviendas de alquiler social y dedicando más presupuesto para ayudas directas. 

Càritas hizo seguimiento y acompañamiento laboral a la víctima de Sants, un hombre ecuatoriano de 58 años, entre febrero y noviembre de 2020: “Se le asesoró para vincularse a servicios sociales y pedir la prestación a la que tenía derecho y que acabó percibiendo”, ha explicado Sala.

"No es un caso aislado, sino que es la punta del iceberg de una problemática que arrastramos desde hace muchos años” (Eduard Sala, responsable de Acció Social de Càritas Diocesana de Barcelona)

Se le asesoró "para pedir la prestación a la que tenía derecho, y que acabó percibiendo", ha indicado Sala. S. F. llevaba más de dos décadas en España y en 2018 perdió su trabajo como mozo de almacén en un supermercado. Pagaba por el piso de Sants 800 euros mensuales a los que no pudo hacer frente al acabarse su prestación de desempleo.

Se presentó a ocho puestos de trabajo, pero, desgraciadamente, "y a pesar de todos sus esfuerzos", ha remarcado el responsable de la entidad, "ninguna de las ofertas fructificó". Sala ha insistido en que, por desgracia, muchas personas en Barcelona viven una situación similar a la de la víctima. 

Un 67% de los usuarios de Càritas carecen de vivienda digna

Los datos que maneja Càritas Diocesana de Barcelona confirman que la exclusión habitacional es "un problema estructural", pues el 67% de los hogares atendidos por la entidad no tienen una vivienda que se pueda considerar digna y una de cada cuatro familias no tienen suficientes ingresos para hacer frente a los gastos de un domicilio. 

El 58% de los usuarios se encuentran en una situación psico emocional peor que antes de la pandemia y casos como el del pasado lunes en Sants ponen de manifiesto, según Sala, "el grado de sufrimiento de las personas que no tienen trabajo y no pueden hacer frente a los gastos de la vivienda y de alimentación".