La muerte del hombre que iba a ser desahuciado en Sants aviva el debate sobre la actuación de la Justicia

  • La concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona ha calificado lo decisión del juez de "injustificable".
  • El coordinador de los juzgados de primera instancia de Barcelona cree "absolutamente injusto" que se culpe a los jueces.
  • Entidades por el derecho a la vivienda han convocado concentraciones esta tarde en Barcelona.
Miembros de Stop Desahucios, en la Plaza Antonio Machado, Badalona, Barcelona, Catalunya (España), a 17 de septiembre de 2020.
Miembros de Stop Desahucios, en la Plaza Antonio Machado, Badalona, Barcelona, Catalunya (España), a 17 de septiembre de 2020.
David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Miembros de Stop Desahucios, en la Plaza Antonio Machado, Badalona, Barcelona, Catalunya (España), a 17 de septiembre de 2020.

Segundo, un hombre de 58 años, se suicidó el lunes por la mañana en el barrio de Sants de Barcelona cuando la comitiva judicial llamó al timbre para cumplir una orden de desahucio. El informe de vulnerabilidad emitido por los Servicios Sociales que la víctima presentó en los juzgados no fue suficiente para estimar la paralización del lanzamiento.

Por ello, este martes la concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, ha calificado lo decisión del juez de "injustificable" y de "gravísimo error" y ha considerado que es necesaria "una reflexión profunda a nivel judicial" y una "aplicación garantista" de la norma.

La concejal ha explicado que desde el consistorio desconocen cuáles han sido los motivos que han llevado al juzgado de primera instancia número 3 de Barcelona a desestimar el informe de vulnerabilidad del hombre porque, a su juicio, "es muy claro". De hecho, Segundo era usuario de Cáritas y llevaba más de dos años en el paro, ya que, con casi 60 años, le resultaba muy difícil encontrar una oportunidad laboral.

"Es una muerte que no debería haberse producido", ha dicho este martes la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, en un mensaje en redes sociales. En la misma línea que Martín, ha señalado que ni comparten ni entienden la decisión del juez y ha asegurado que los servicios municipales "han intentado mediar para frenar el desahucio".

Además, la alcaldesa ha exigido a los juzgados que "revisen los criterios con los que deciden aplicar o no la moratoria vigente" y al PSOE "que desbloquee ya la propuesta de una ley de vivienda que frene la especulación, impulse más vivienda pública y ofrezca alternativa a los desahucios en caso de vulnerabilidad acreditada" como, ha dicho, era este caso.

Esta exigencia a los socialistas viene en el momento en el que el Gobierno ha anunciado su recurso contra la ley que regula el precio del alquiler en Cataluña por vulnerar las competencias estatales, algo que desde el Sindicat de Llogaters, impulsores de dicha ley, tachan de "vergonzoso" y "contradictorio", después de que el Ejecutivo "se comprometiese a regular los alquileres el todo el Estado".

Los jueces ven "injusto" que se les culpe

Por su parte, el coordinador de los juzgados de primera instancia de Barcelona, Roberto García Ceniceros, ha calificado este martes de "absolutamente injusto" que se culpe a los jueces de los desahucios de personas vulnerables cuando los Servicios Sociales "no pueden dar cobertura" de vivienda a estas personas por la falta de recursos de los que disponen.

En una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio, el juez ha explicado que la moratoria de desahucios se está aplicando en los juzgados "de forma muy cuidadosa", pero que, para su aplicación, no es suficiente el informe de vulnerabilidad, sino que "es necesario que la propia parte aporte información" patrimonial y laboral, algo que, ha señalado, no ocurrió en el caso de la víctima de Sants.

"La ley dice que los desahucios se deben suspender cuando se cumplen ciertos requisitos y creo que los juzgados lo estamos cumpliendo, pero los Servicios Sociales no están cumpliendo su trabajo fundamental de dar cobertura, no por los trabajadores, sino porque no hay presupuesto para un parque de vivienda pública suficiente ni para ayudas", ha criticado.

Ante esta situación, García Ceniceros ha señalado que el legislativo y el ejecutivo no están "haciendo los deberes" porque, desde que la moratoria entró vigor, muchos de los desahucios que sí se han paralizado no tienen respuesta ni solución, lo que lleva a que "la bola de nieve sea cada vez más grande".

Sobre las palabras del juez respecto a la falta de documentación, Lucía Delgado, portavoz de la PAH, ha lamentado que, tras tantos años de emergencia habitacional, los jueces "no hagan una interpretación de la ley lo más garantista posible" y que se burocratice la situación de las personas que están en riesgo de desahucio.

"Pedimos que la interpretación sea al revés: que, ante la duda, se paralice el desahucio y no que, si falta algún papel, se siga con él. Hay vidas en riesgo y esto se hace aún más evidente hoy", ha subrayado.

Protesta de las entidades de vivienda

Las entidades de defensa de la vivienda como el Grupo de Vivienda de Sants y la PAH han convocado concentraciones en la tarde de este martes para protestar por la muerte de Segundo y por las dificultades de acceso a la vivienda.

La primera manifestación ha tenido lugar a las 18:30 horas en la plaza de Sants de Barcelona bajo el lema "no son suicidios, son asesinatos" y, a las 20 horas, se ha unido a la convocada frente a la Delegación del Gobierno.

Barcelona cuenta con un teléfono gratuito de prevención del suicidio dirigido por profesionales y operativo las 24 horas del día durante todo el año (900 925 555). Además de este teléfono, hay otros recursos de prevención como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385).

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