La Policía acusa a la mujer de falta de respeto y de perturbar el orden público mientras que las entidades mantienen que lo que hizo, al igual que otras personas presentes, fue "ejercer su derecho de libertad de expresión y recriminar a los ultraderechistas por estar incitando al odio contra las personas musulmanas".

El acto denunciado tuvo lugar el 18 de diciembre de 2020 bajo el lema 'No al Islam'. Tras ello, la Policía propuso la sanción a una mujer y desde las entidades se ha advertido a Calero de que si se confirma, "se estaría actuando en complicidad con quienes están en contra de la sociedad valenciana diversa, pero igual en derechos, que la inmensa mayoría defendemos".

Además, consideran que imponer una sanción a quien denuncia estas actitudes que fomentan el odio "implica lanzar el mensaje a la ciudadanía de que reaccionar pacíficamente frente a la intolerancia puede suponer un perjuicio a quien tiene el valor de hacerlo".

A la mujer que pidió a la policía que impidiera el acto islamófobo, los policías también le acusan de falta de respeto por haberles llamado "racistas" por no hablar en valenciano. Ella ha negado rotundamente estas acusaciones y las achaca a la "acritud" que mostraban los agentes por instarles a actuar contra los ultraderechistas.

"Creemos que en la actuación policial en este caso se cometieron irregularidades por acción y omisión. La policía actuó sancionando a quien estaba denunciando un acto claramente xenófobo y racista, que, además, se desarrolló sin ningún tipo de perturbación ni agresión a sus protagonistas", han insistido.

Por el contrario, apostillan, "los agentes se desentendieron de su obligación de intervenir si hay indicios de que se está cometiendo un delito y no instruyeron ningún atestado por presunto delito de odio".

Ante esta situación, las entidades solicitan el archivo definitivo de los procedimientos sancionadores contra la mujer que denunció el acto de España 2000; y que se investigue la actuación policial ante el desarrollo del acto y con respecto a la mujer que solicitó la intervención de los agentes, con el objeto de establecer responsabilidades por no haber actuado frente a la comisión de un presunto delito y haber denunciado a quien lo denunció.