Según han informado fuentes cercanas al caso, la pena de cárcel está vinculada al delito de tráfico de influencias y por el de prevaricación se pide al exconseller del PP una pena de inhabilitación para empleo público.

El caso, que instruyó el Juzgado de instrucción número 3 de Palma, investiga presuntas irregularidades en la adjudicación del puerto deportivo de Calanova a la empresa Port Olímpic.

Esta adjudicación tuvo lugar en septiembre de 2013, cuando Carlos Delgado (PP) era conseller de Turismo y presidente de Ports de les Illes Balears. El Govern balear está personado como acusación particular.