Mientras ASC y CSIF esgrimen que la convocatoria de huelga deriva del acuerdo "unánime" adoptado en el seno de la reciente asamblea general de trabajadores, en la que habrían participado entre 460 y 480 miembros de la plantilla, conformada por unos 1.500 empleados, Raúl Fernández Hicke, secretario general de la sección de CGT en Tussam, ha explicado a Europa Press que la asamblea de afiliados de su sindicato ha demostrado que la militancia del mismo "no está en la posición de huelga".

Y es que según ha dicho, CGT considera que todavía "hay margen para la negociación" del nuevo convenio colectivo y de otros asuntos pendientes, antes de promover paros técnicos. Por eso, ha considerado "prematura" la convocatoria de huelga, si bien ha reclamado a la dirección de Tussam "que agilice y dinamice las negociaciones", pues el convenio colectivo expiró el 31 de diciembre de 2019, pesando a continuación aspectos como la pandemia o las elecciones sindicales de la empresa, como él mismo ha precisado.

EL REFERÉNDUM

Y mientras la asamblea general de trabajadores habría aprobado además "por mayoría" celebrar un referéndum entre la plantilla en torno a la citada convocatoria de huelga para el día 11, el secretario de CGT ha circunscrito el respaldo de su sindicato a dicha medida a la celebración de dicha consulta y un resultado de la misma favorable al paro técnico.

Esta asamblea de trabajadores, recordémoslo, se celebraba después de que las cinco secciones sindicales suspendiesen las nuevas movilizaciones previstas dada la "convocatoria de la empresa para acelerar la negociación del convenio colectivo", toda vez que los sindicatos vienen lamentando el "incumplimiento de los acuerdos adquiridos" por el Ayuntamiento, socio único de Tussam, en febrero de 2020, poco antes de la irrupción de la pandemia y del primer estado de alarma para combatirla, situación que ha marcado el devenir de la empresa.

LOS ACUERDOS PREVIOS A LA PANDEMIA

A finales de enero de ese año, recordémoslo, los representantes de la plantilla de Tussam lograron un acuerdo con el edil de Movilidad y presidente del consejo de administración de la empresa, Juan Carlos Cabrera (PSOE), para esquivar las consecuencias de la temida "falta de financiación" de la empresa de cara al entonces nuevo ejercicio de 2020 y las reivindicaciones de la plantilla.

Aunque para 2020 las cuentas de Tussam subían de 72,2 a 80,9 millones el dinero destinado a la plantilla gracias a un alza del 9,5 por ciento en las transferencias del Ayuntamiento, los sindicatos avisaban entonces de que los presupuestos serían insuficientes, demandando un "incremento de las cuantías económicas de los trabajadores" y temiendo la posible "externalización" de líneas y la no renovación de los contratos de los trabajadores temporales incorporados merced a la bolsa de empleo, entre otros aspectos.

Tras la irrupción del Covid-19, la declaración del primer estado de alarma con las consecuentes limitaciones a la movilidad y el comienzo del segundo estado de alarma, Tussam cerró 2020 con una caída del 47 por ciento en su número de pasajeros, lo que se tradujo en un desplome del 48 por ciento en sus ingresos por la venta de títulos.

MÁS TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO

Como consecuencia de ello, y según indicaban a Europa Press fuentes municipales respecto a las cuentas de Tussam correspondientes a 2020, la empresa ha necesitado transferencias adicionales por importe de 20,3 millones de euros por parte del Ayuntamiento como socio único de la entidad, comenzado a aplicar finalmente el pasado mes de diciembre de 2020 el alza salarial acordada con la plantilla en enero del año pasado, antes de la irrupción del virus.

Frente a ello, los sindicatos aseguran que la empresa "se ha ahorrado siete millones de euros" en 2020 "a costa de los trabajadores y de escatimar en medidas" de seguridad frente al Covid-19, avisando de "recortes" a la plantilla tras el mencionado alza salarial, especialmente en lo que ha contrataciones temporales de la bolsa de empleo se refiere.

Así, reclaman aspectos como nuevas contrataciones temporales en la bolsa de empleo para movilizar más autobuses y que los mismos cuenten con aforos más seguros, así como avances en la negociación del plan de jubilaciones parciales y del nuevo convenio colectivo, pues el actual aspiró en diciembre de 2019. De cara al nuevo texto, los sindicatos reclamarían aplicar un nuevo alza salarial del 0,9 por ciento merced a lo permitido por la regulación estatal.