La figura del indulto existe en todos los países de nuestro entorno, pero no todos los estados lo regulan de la misma forma. En pleno debate sobre la posible concesión de la medida de gracia a los líderes independentistas condenados por el procés catalán, basta con repasar la situación en países vecinos  para concluir que Pedro Sánchez no podría indultar a los presos en países como Francia, Italia o el Reino Unido.

Mientras tanto, en España, el Ejecutivo ya trabaja en conceder el indulto a los independentistas condenados por el procés, y ha ido allanando el terreno en las últimas semanas a pesar del pronunciamiento del Tribunal Supremo, contrario a la medida por entender que no se dan las condiciones de "justicia, equidad y arrepentimiento", mientras que Sánchez considera que es una manera de "dejar atrás el desgarro" que según él se produjo con el referéndum ilegal del 1-O.

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Frente a eso, la oposición se apoya precisamente en las palabras del Supremo y saldrá a la calle el 13 de junio junto con la sociedad civil para mostrar su rechazo a la medida. Los líderes de PP, Vox y Ciudadanos acudirán a la concentración en la plaza madrileña de Colón porque, consideran, la intención de Sánchez "erosiona" la democracia española. ¿Podría suceder en otros países?

Francia: tiene que pedirlo el condenado

Francia tiene un proceso muy parecidos al español, donde la última decisión es política, pero con matices. En el caso francés, el presidente de la República es quien decide, pero ha de ser el condenado quien solicite el indulto. En el caso español esto no ha sucedido y la ley española no lo exige: los condenados por el procés reclaman la amnistía y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, rechazó abiertamente el indulto. 

En el caso galo, el juez encargado del caso remite un análisis del mismo al ministro de Justicia, que puede añadir "observaciones adicionales", pero en última instancia la decisión es del Elíseo. El caso más llamativo de los últimos años fue el indulto concedido por Francois Hollande en 2016 a Jaqueline Sauvage, condenada a 47 años de cárcel por matar a su marido tras sufrir malos tratos durante décadas.

Italia y dos tercios de las Cámaras

Italia es un ejemplo paradigmático. La concesión de indultos la firma el presidente de la República, pero son las Cámaras legislativas las que dan luz verde a los mismos (artículo 79 de la Constitución). Para que salgan aprobados necesitan el voto favorable de dos tercios de los diputados en cada una de ellas. En ese caso, Sánchez necesitaría el sí de 177 senadores y de 233 diputados. Posteriormente los aprueba también el Gobierno y es obligatorio consultar la posibilidad de concederlo con el ministro de la cartera o carteras que estén directamente implicadas en el caso.

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En el 2006, por ejemplo, el Parlamento acabó dando el visto bueno a la excarcelación de cerca de 12.000 detenidos, según cálculos oficiales, con el objetivo de descongestionar las abarrotadas cárceles del país. Del indulto están excluidos los delitos relacionados con el terrorismo, la criminalidad organizada, la corrupción de menores y la violencia o explotación sexual, así como el delito de usura y el secuestro con el objetivo de robo o extorsión. Además, la medida se revocará a quien, en los cinco años posteriores a su aplicación, cometa un nuevo delito que conlleve una pena superior a dos años de prisión.

El Reino Unido, por la gracia de la reina

En el Reino Unido la posibilidad de conceder indultos es una Prerrogativa Real de la Gracia de la Reina y la figura del indulto está recogida en la llamada Rehabilitation of Offenders Act 1974. Para ser beneficiado por ella hay que cumplir con un tiempo mínimo de no reincidencia: 5 años para una sentencia que no implique pena de prisión y hasta diez años para una sentencia que sí incluya cárcel. Si se aplicaran esos criterios al procés, los condenados no podrían ser indultados por Sánchez hasta 2029, porque la sentencia es de 2019.

Tradicionalmente, los indultos en el Reino Unido han sido de tipo masivo (a varias personas a la vez). Uno de los últimos fue el concedido a 65.000 personas que fueron condenadas por ser homosexuales, acusados de delitos contemplados en las leyes de ofensa sexual, en una aplicación directa de la denominada Ley Turing, bautizada así en honor del descifrador de códigos de la Segunda Guerra Mundial Alan Turing. Los actos homosexuales no fueron despenalizados en Inglaterra hasta 1967.

En Alemania e Irlanda decide el presidente

En Alemania, por su parte, la responsabilidad recae en un primer momento en el presidente de la República, igual que en Francia, pero este puede delegar la decisión tanto en el canciller como en el ministro de Justicia. Además, en los estados federales alemanes (Länder), los primeros ministros tienen derecho a indultar en caso de que los delitos no sean de tipo político, como puede ser la traición. Sea cual sea la situación, se realiza un análisis legal exhaustivo sobre las motivaciones del indulto y si es pertinente, y cabe la opción de preguntar al Tribunal Constitucional. 

Un caso muy polémico se dio en el año 2007, cuando el entonces presidente Horst Köhler negó el indulto al terrorista de la organización Fracción del Ejército Rojo (RAF), Christian Klar, al que incluso llegó a visitar en prisión para conocer de primera mano su situación y analizar las peticiones del indulto. Había sido condenado a más de cinco cadenas perpetuas en 1985.

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Mientras, en Irlanda la Constitución recoge que "el derecho de perdonar y el poder de conmutar o rebajar un castigo impuesto por un tribunal que ejercita su jurisdicción criminal, son atributos del Presidente", que al igual que en Alemania, puede transferirlos por ley a otros estamentos, como el primer ministro. No hay una intervención directa de los tribunales, pero la decisión no es unilateral de la presidencia, sino que tiene que contar con el visto bueno del Gobierno. 

Uno de los casos más sonados en los últimos años se dio en diciembre de 1997, cuando el Gobierno irlandés aprobó la medida de gracia para nueve presos del grupo terrorista IRA como "gesto de paz" en plena negociación para el fin del conflicto, que culminó con los Acuerdos del Viernes Santo, firmados solo un año después.