El Gobierno mantiene bloqueadas hasta tres iniciativas parlamentarias y ministeriales que, desde una óptica u otra, tratan de evaluar su gestión de la pandemia. Las decisiones políticas que se tomaron en plena ola, el proceso de vacunación y la situación del sistema nacional de salud son los tres aspectos que el Ejecutivo comprometió a estudiar con Congreso, Senado y comunidades autónomas, y que meses después permanecen en el limbo. La oposición habla de reticencias socialistas ante la posibilidad de que los trapos sucios afloren, mientras que el PSOE lo achaca a la falta de tiempo y el exceso de trabajo.

Lo cierto es que el presidente, Pedro Sánchez, se comprometió a evaluar la gestión del Covid hace casi un año. Fue en junio de 2020, cuando anunció en el Congreso la creación de una comisión mixta con el Senado para estudiar la gestión de la pandemia y la situación de la sanidad pública.

Esa "Comisión Mixta Especial de evaluación de la crisis sanitaria de la COVID-19" se aprobó en el pleno del Senado en noviembre del año pasado con la iniciativa del PSOE, cuyos senadores firman la propuesta de creación. El balance casi 12 meses después del primer anuncio de Sánchez, sin embargo, es que el PSOE intenta que en ese mismo foro también en ese mismo foro el papel que tuvieron comunidades autónomas y ayuntamientos, y ampliar el campo de estudio no solo a la pandemia, sino también a la recepción de los fondos europeos, lo que diluiría el objeto inicial de la comisión.

De hecho, seis meses después de aprobarse su creación, todavía no se ha constituido y, por tanto, no ha ha empezado sus trabajos. Como no se ha reunido ni una vez, no se ha determinado quién la presidirá y ni cuál será su sede, el Congreso o el Senado, dependiendo de que sea un diputado o senador.

Investigación sobre las vacunas

Entre estas iniciativas, Más País y Compromís 'persiguen' estos días al PSOE en el Congreso para ponga en marcha la comisión de investigación sobre el proceso de vacunación que la Cámara baja acordó crear el pasado marzo. A finales de junio se espera que el Consejo Interterritorial de Sanidad apruebe los términos en los que se evaluará la gestión de la pandemia, siete meses después que lo reclamara un grupo de expertos independientes.

Debido al retraso, asumen ya que en su lugar servirá para asegurar que estamos preparados para futuras pandemias, y no para "investigar las irregularidades, los fallos y los retrasos en la gestión de las vacunas y el plan", como se planteó en principio. Querían poner negro sobre blanco "el tráfico de influencias" que llevó en los primeros meses a que responsables políticos y militares se vacunaran antes de tiempo, "los fallos de mecanismos de control" para que no hubiera ocurrido algo así y, en términos más generales, "fallos y retrasos" en la distribución de dosis o en el material necesario, como las jeringuillas que al principio no podían aprovechar una dosis adicional por vial.

El PP también apoya esta comisión de investigación y en particular quiere abundar en la vacunación de policías nacionales y guardias civiles en Cataluña, que asumió el Gobierno central después de que la Generalitat los dejara rezagados con respecto a los Mossos.

El Pleno del Congreso acordó crearla en marzo de este año pero el PSOE sigue teniendo la llave para todavía no haya echado a andar. "Cuando es una comisión que al Gobierno no le va muy bien, suelen tardar en activarla, ya lo hemos pedido varias veces", dicen desde uno de los partidos promotores, que esta semana volvió a intentarlo con el portavoz adjunto del PSOE, Rafael Simancas. La respuesta, como siempre, volvió a ser que "ya", sin que de momento se sepa cuándo echará a andar para acordar su composición y los grupos propongan a quienes quieren llamar a comparecer.

Por el contrario, el PSOE explica que el retraso que acarrean la comisión mixta pero sobre todo la de investigación se debe, no a falta de voluntad, sino de tiempo. "Es una cuestión de volumen", dicen desde el grupo socialista. "Ahora mismo acabamos de cerrar [la comisión de investigación del accidente de] Spanair, estamos con Kitchen....", aducen.

El PSOE asegura que está en "negociaciones" con los diputados promotores -es decir, Más País, Compromís y Nueva Canarias- para fijar los términos, pero es desde este mismo grupo de donde salen las quejas por las largas que, justo hace unos días, les volvió a dar Simancas, siempre según su versión.

Auditoría externa

No solo son los diputados y senadores los que esperan que el Gobierno dé el paso de poner en marcha comisiones que evaluarán su gestión durante la pandemia. El Ministerio de Sanidad ha postergado durante más de siete meses la "evaluación" sobre la pandemia que se comprometió hacer el exministro Salvador Illa en octubre de 2020.

Una investigación interna y con participación de las comunidades fue la respuesta que dio entonces el Ministerio a la reclamación que un grupo de epidemiólogos españoles hicieron desde la revista The Lancet para exigir una auditoría independiente de las decisiones sobre la pandemia.

El Gobierno no quiso llegar a tanto y, de momento, nada ha llegado. En octubre, Illa comunicó a las comunidades que Sanidad empezaría a preparar un borrador para determinar cómo y quiénes serían los encargados de hacer esta evaluación. El diseño del plan se ha ido retrasando mes tras mes y no se aprobará hasta el 30 de junio, cuando se celebrará el primer Consejo Interterritorial de Sanidad ordinario desde que empezó la pandemia y en cuyo orden del día se ha incluido para marcar una ocasión especial. Para ese día no habrá aún conclusiones, sino el punto de partida de un trabajo que aún tardará tiempo en completarse.

El catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, Ildefonso Hernández, es uno de los expertos que en su momento se reunió con Illa para pedir esta evaluación, que pasado el tiempo ya no cree que vaya a ser de la gestión de la pandemia. Para eso ya es tarde. En su lugar, cree que se convertirá en un intento de preparar la vigilancia epidemiológica de cara al futuro.

A su juicio, el Gobierno finalmente "descartó" hacer una evaluación rápida sobre lo que se estaba haciendo en plena segunda ola. Dejando pasar los meses, la necesidad de mirar a lo inmediato que reclamaron los expertos en The Lancet ha dado paso a otra cosa, que para Hernández es igualmente válida, aunque ya no pueda eventualmente censurar la acción del Gobierno en relación con la Covid.

"Sí puede servir para abordar el futuro de la pandemia", dice acerca del tipo de evaluación en la que previsiblemente quedará convertida la auditoría se pidió en octubre. "Que sirva para tomar decisiones de infraestructura institucional, del Centro Nacional de Salud Pública, con las comunidades, la UE y la OMS. Yo lo que trataría es garantizar la seguridad sanitaria del siglo XXI", dice sobre el documento en el que previsiblemente desembocará lo que iba a ser un examen sobre la gestión de la pandemia.