El expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha sido citado junto a otros siete acusados a juicio oral en el marco de una nueva pieza del caso Imelsa. 

La juez sustituta del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha abierto un nuevo proceso en torno a la pieza separada "D" del caso Teula, también conocido como Imelsa. Esta pieza inicia una investigación relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación del servicio de atención telefónica para la empresa pública de la Diputación. 

Procesan a Alfonso Rus y a otras 25 personas por los 'zombies' en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa

El pasado viernes 21 de mayo, Rus ya había sido citado en otro juicio oral por las piezas separadas B y F, del mismo caso. En estas piezas fueron acusadas 26 personas por contrataciones irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa. En concreto, se investiga la existencia de 'trabajadores zombis' en la empresa pública, es decir, contrataciones ficticias o simuladas por los responsables. 

Además, en estas piezas los acusados están siendo juzgados por presuntos delitos como pertenencia a organización criminal, malversación, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial cometidos por funcionarios públicos.

Esta nueva resolución, determina que la Audiencia Provincial de Valencia juzgue al expresidente de la Diputación como presunto autor de delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, y solo podrá recurrirse en lo relativo a la situación personal de los encausados. 

Atribución de delitos a Marcos Benavent

En el caso de Marcos Benavent, antiguo gerente de Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", la acusación pública le atribuye los delitos continuados de prevaricación y malversación. 

Además, la causa se dirige contra otros seis acusados, como autores directos o como cooperadores necesarios, por delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales, así como contra la empresa Servimun SL como responsable civil subsidiaria.

En el auto, la juez requiere a seis de los encausados para que presten una fianza de 1.184.906 euros a fin de cubrir las posibles responsabilidades económicas que en su día pudieran declararse procedentes.