Así lo han manifestado los diputados del Grupo Nacionalista Canario Pablo Rodríguez y Rosa Dávila, que han comparecido en rueda de prensa para presentar una serie de medidas que, consideran, deben ser introducidas en el Decreto Ley que el Gobierno aprobará el jueves y por el que se regulan las ayudas directas del Estado a pymes y autónomos.

Desde el Grupo Nacionalista Canario aseguran tener dudas "más que razonables" sobre la capacidad del Gobierno de Canarias para organizar un sistema de tramitación "eficaz y eficiente" que permita que estos fondos cumplan los objetivos para los que fueron concebidos: garantizar la solvencia de nuestras empresas y el mantenimiento del empleo y del tejido productivo.

Según los nacionalistas, "es necesario redoblar los esfuerzos por simplificar la tramitación, la gestión y justificación de estas ayudas, especialmente en lo referente a los pequeños empresarios autónomos; y que el Decreto-Ley haga un mayor uso y aproveche el potencial que realmente tiene la Declaración responsable en el trámite administrativo".

Ante la "ingente" responsabilidad que tiene una buena gestión de estos recursos para el mantenimiento del empleo y del tejido productivo de Canarias, Pablo Rodríguez se sorprendió de que el Gobierno "no haya convocado a los firmantes del Pacto para la Reactivación de Canarias que posibilitara, entre todos, buscar los mejores mecanismos que permitan hacer llegar a las empresas y autónomos las fondos que tanto necesitan para mantener el empleo y recuperar parte de las inversiones perdidas".

Ante esta "pasividad", Rosa Dávila destacó "la labor siempre proactiva del Grupo Nacionalista Canario que, una vez más, plantea alternativas viables para hacer más efectiva y eficiente la acción del Gobierno".

MEDIDAS.

Las medidas presentadas hoy se centran en modificar quiénes pueden ser beneficiarios, en aumentar las cuantías y objetos de la subvención y en la simplificación de la tramitación, la gestión y la justificación de las ayudas.

En el primer grupo, se plantea la necesidad de establecer el porcentaje de pérdidas requerido en un 20%, en 2020, en vez de un 30%; que no se excluya a las empresas por el hecho de haber tenido pérdidas en 2019, porque eso no significa necesariamente que la empresa no fuera viable; así como que no se les excluya por no estar al corriente de los pagos a la seguridad social e impuestos, permitiendo la recepción y que en el plazo de 30 días se salde su deuda.

En el apartado de cuantías, se propone ampliar los gastos subvencionables, especialmente para aquellos que han respondido con su patrimonio personal a las dificultades de sus empresas; ampliar las cantidades para autónomos y profesionales que apenas llegan a 3.000 euros y las correspondientes a las empresas de más de 50 trabajadores que se ha limitado a 3 millones de euros, cuando se puede llevar a los 10 millones.

Por último, Dávila evidenció que en la era de la digitalización "no se puede estar reclamando la custodia de facturas estampilladas y se debe apostar por la simplificación administrativa, utilizar el silencio administrativo positivo, y ser proporcionales a la hora de solicitar documentación a las empresas, no se puede exigir lo mismo a quiénes tienen menos de 10 trabajadores que a las grandes empresas".