Una Ley fruto del consenso de la mayor parte de los grupos, que para el PSOE supone "un hito histórico, es pionera a nivel internacional, y sitúa a nuestro Estado Social y Democrático de Derecho en la vanguardia de la protección a nuestros niños y jóvenes, como así lo han garantizado las principales organizaciones, asociaciones y colectivos internacionales", ha destacado Cuatrecasas.

El diputado ha valorado "su condición de integralidad y transversalidad" en tanto en cuanto "se ocupa y pone freno a todos los tipos de violencia contra la infancia y la adolescencia" e "incluye sin matices todos los tipos y grados de violencia que se cometen contra infantes y adolescentes, sin exclusión".

Cuatrecasas asegura que "era ya inaplazable y urgente, consensuar y aprobar una ley de estas características, que pusiera en primer plano el interés superior de la infancia, y que les colocara como sujetos políticos y de derecho, capacitándoles para denunciar por si mismos cualquier situación de violencia de la que sean víctimas". Y es que según datos del Ministerio del Interior relativos al ejercicio 2018, últimos registrados, más de treinta y ocho mil niñas, niños y adolescentes sufrieron violencia y más del cuarenta y ocho por ciento de los delitos contra la libertad sexual fueron perpetrados contra la infancia y la adolescencia.

Junto a su integralidad y transversalidad, Juan Cuatrecasas ha destacado el aumento del plazo de prescripción de los delitos, que pasa de los 18 a los 35 años, "con lo que se aumenta la garantía jurídica de las víctimas para proceder a la denuncia". En este sentido, "solo entre un diez y un quince por ciento de estos terribles delitos son denunciados".

Además, destaca "el deber de comunicar la existencia de estos supuestos de violencia cuando existan indicios, incluyendo internet y redes sociales", apuntando a la complicidad "de los que guardan silencio ante las injusticias, lo que por desgracia hemos visto, no solo en personas, sino también en instituciones", ha advertido.

PARENTALIDAD POSITIVA

Cuatrecasas también ha destacado "la parentalidad positiva y la protección a las familias en situación de vulnerabilidad", así como la garantía de construcción de entornos seguros con "protocolos serios y efectivos de actuación".

La Ley también introduce la creación de la figura del coordinador o coordinadora de bienestar en los centros escolares" y atiende también la necesaria "formación especializada de los profesionales para que cualquier persona que se ocupe de estos delitos tenga las pautas y cursos para saber a qué se enfrenta y cómo tratar a las víctimas".

Por otro lado, prevé "equipos de intervención en los servicios sociales para la detección, valoración e intervención de las víctimas", la creación de una estrategia frente a la violencia y de una comisión específica en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, así como unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.

Para el PSOE, otra cuestión fundamental es "la prueba preconstituida obligatoria cuando el testigo sea una persona menor de 14 años o una persona con discapacidad necesitada de especial protección". Así, "por norma general se llevará a cabo durante la instrucción para evitar revictimizaciones", ha asegurado.

El diputado socialista también ha valorado la "posible suspensión cautelar de la patria potestad aportando al menor de situaciones de peligro y de perjuicios en el entorno familiar", la "eliminación del perdón de la persona ofendida como causa de extinción de la responsabilidad criminal cuando la víctima sea menor de 18 años" y la introducción de la casuística "del mal llamado síndrome de alienación parental, que por desgracia tanto afecta a niños, niñas, jóvenes y madres".

Por último, Juan Cuatrecasas ha valorado la introducción en fase de enmiendas en el Senado, impulsada por la presidenta de la Asociación Española de Trabajadores Sociales Forenses, la riojana Pilar Ruiz, y tramitada por la senadora socialista Victoria De Pablo, en base a la que "se añade al devenir del proceso judicial y tras recoger el testimonio del menor denunciante, una importante base de información sobre sus contexto y entorno social, sanitario, familiar y educativo, ampliando las nociones del juez".

De igual forma, ha destacado la enmienda referente a la protección de la imagen de las víctimas menores de edad, "impidiendo la difusión de la imagen de los niños, niñas y adolescentes sin el consentimiento expreso de sus padres o cuidadores legales".

En definitiva, "una Ley que garantiza la protección de la infancia y adolescencia", que nace del consenso político y que responde a la reivindicación de que "la ley se adapte a las víctimas y no las víctimas a la ley, bebiendo de la esencia misma de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas y de la Constitución Española".