El portavoz adjunto de Vox, Rodrigo Alonso, ha afirmado este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía que "exigimos que se convoquen elecciones de forma inmediata", planteamiento que ha puesto sobre la mesa tras recriminar al Gobierno andaluz el trato dispensado a UGT Andalucía en la reclamación del reintegro de 40 millones en subvenciones concedidas y no justificadas.

Alonso, que ha preguntado al consejero de Hacienda por las ayudas sin justificar y se ha centrado en los 40 millones de euros concedidos a UGT, ha reclamado la convocatoria de las elecciones para que los andaluces tengan la oportunidad de elegir entre "un Gobierno prestamista de UGT y un Gobierno que vele por los parados".

En su réplica el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha esgrimido que "a los tres nos va bien", en alusión a PP, Cs y Vox, "y a Andalucía le va fenomenal", tras defender la reforma fiscal emprendida, con el foco puesto en la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD).

Los reproches de Vox han arrancado por la presencia misma del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el 12º Congreso Regional de UGT, que ha ratificado la continuidad de Carmen Castilla como secretaria general, y las palabras elogiosas que allí pronunció hacia la figura del secretario general confederal, Pepe Álvarez, tras recordar que "este Pepe Álvarez presumía de llevar a un congreso de UGT al terrorista Otegui o pedir que los presos separatistas celebraran la Diada o de criticar la bajada de impuestos en Andalucía".

Alonso, quien se ha preguntado si "en verdad el presidente se atreve a asegurar que Pepe Álvarez mira con cariño a Andalucía", ha afirmado que "hoy Andalucía se retuerce de dolor" tras alegar los casos de andaluces que tuvieron que renunciar a sus herencias por su incapacidad para afrontar el Impuesto de Sucesiones y ha recriminado que éstos "no tienen privilegios para el pago de sus deudas sin aportar garantía alguna".

El portavoz adjunto de Vox ha denunciado que "UGT desvió 40 millones de euros de las subvenciones para la formación de parados, un privilegio que el resto de Andalucía no tiene", a lo que ha sumado el hecho de que "el Gobierno socialista hizo lo mismo con la CEA con la devolución de 15 millones de euros durante 15 años por no justificación de subvenciones de cursos de formación".

El consejero de Hacienda ha instado a diferenciar el procedimiento administrativo, donde el Gobierno andaluz tiene la opción de ofrecer aplazamientos y fraccionamientos de deuda, del proceso judicial.

Bravo ha instado a contemplar que "todos tenemos derechos a la presunción de inocencia" y ha sostenido que es el Gabinete Jurídico el que ejerce la representación procesal de la Junta de Andalucía y ha requerido informes tanto a la Consejería de Empleo como a la de Hacienda.