Los madrileños están llamados a las urnas el próximo 4 de mayo, en unas elecciones autonómicas adelantas que tendrán lugar en el ecuador de la legislatura. Entre mítines, promesas y enfrentamientos por parte de los partidos, 20minutos sale a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos sobre algunas de las cuestiones que les preocupan. 

En esta primera entrega les preguntamos qué medidas creen que hay que adoptar para solucionar los problemas de acceso a la vivienda. "El precio está subiendo una barbaridad, por encima del sueldo mínimo. La gente trabaja horas en exceso por 900 o 1.000 euros y no se puede permitir pagar 1.500 euros", se queja David Pedro, quien se muestra partidario de que se establezca un tope máximo del alquiler por ley. A este rumano de 35 años, con derecho al voto en España, su casero le mantiene la renta congelada desde hace tiempo y se sabe afortunado porque no es habitual. 

Carolina por ejemplo, de 36 años, no tiene la misma suerte. Esta editora busca un piso al que irse a vivir pero afirma estar encontrándose con "muchísimas dificultades, por el precio y por los requisitos" que le piden. "Es muy complejo vivir uno solo tanto a la hora de la comprar como de alquilar", lamenta y también se posiciona a favor de regular los precios, principalmente para los inquilinos. 

Esa postura no es compartida sin embargo por José Luis. Ingeniero de 54 años, aboga por controlar los alquileres pero en base a "desgravaciones para los propietarios". Tampoco Isabel, de 58 años y en paro, es partidaria. Ella considera que los dueños deben ser libres para establecer la mensualidad que consideren, aunque "se arriesgan a que no les paguen y a tener problemas". Laura por su parte plantea una solución intermedia. "Tal vez sería positivo controlarlo en función de las rentas de las familias, considerándose algún porcentaje respecto a sus ingresos", propone esta argentina de 45 años y con nacionalidad española.

Las posiciones se acercan más al hablar de los desahucios y a la hora de diferenciar entre la "okupación por delito", contra la que creen que hay que actuar con mayor contundencia y mucha más celeridad, y el problema de las personas y familias en una situación vulnerable. "Hay que distinguir entre la gente que se aprovecha de una falta de reglamentación y quien realmente se ve necesitado y al que hay que buscar la manera de dar una solución", apunta Laura, resumiendo así el sentir mayoritario de los encuestados.