El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha denunciado este lunes que la ley aprobada a instancias de PSOE y Unidas Podemos, que limita su acción mientras esté en funciones, provoca su "atrofia". El órgano, que lleva casi dos años y medio sin renovarse –principalmente por la falta de acuerdo entre el Gobierno y el PP–, estudiará en el Pleno del jueves qué acciones llevar a cabo contra un articulado que ya ha levantado las críticas de más de 2.500 jueces españoles y que amenaza con dejar, según cálculos del propio CGPJ, 46 puestos vacantes de aquí a final de año.

"[La reforma] puede llevar a la indeseable consecuencia de la atrofia y paralización del CGPJ al verse privado de la posibilidad de ejercer sus facultades", señala el informe elaborado por el gabinete técnico del Poder Judicial, que fue encargado por el presidente del mismo, Carlos Lesmes, quien lo presentará en la reunión del jueves.

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El escrito no entra a valorar el ajuste constitucional de la norma, pero explica que el Consejo, aun estando en funciones, debe tener competencias "próximas" a las que tendría si hubiera sido renovado, una renovación que ha estado cerca de conseguirse pero que siempre se ha frustrado. En ese sentido, el CGPJ recuerda al Ejecutivo de coalición que sus funciones están regidas en la Constitución Española y que ninguna ley puede reducir las mismas.

Además, el informe asegura que la ley tendrá más consecuencias de las previstas por el Ejecutivo, ya que no solo suprimen la posibilidad "de hacer nombramientos discrecionales, sino muchas otras”. Así, en el texto se detalla que también la reforma eliminará la atribución del CGPJ para hacer otros nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo procedentes del Cuerpo Jurídico Militar y de cargos judiciales de la jurisdicción militar y a la aprobación de bases de convocatoria.

Fuentes del CGPJ confirman a 20Minutos que, tal y como ha adelantado El País, se prevé que de aquí a final de año queden 46 puestos vacantes sin poder cubrir por jubilaciones o finalización de mandatos, a no ser que los partidos acometan en el Congreso la renovación de la institución. La adjudicación de esas plazas, detallan las mismas fuentes, están en "distintas fases del proceso", pues algunas solo necesitarían el visto bueno del Pleno del Consejo y de otras no se ha podido llegar a publicar las bases. 

Además, en el caso de las vacantes de jueces que deban abandonar el Tribunal Supremo no podrán ser sustituidos "por la especificidad del puesto". En otras categorías de menor rango, como un puesto en algún tribunal superior de justicia, sí es posible que otro compañero les sustituya.

La reforma ha entrado en vigor este mes después de aprobarse en marzo en el Congreso de los Diputados con 196 votos a favor. Los grupos que sustentan al Ejecutivo también plantearon, como vía de presión a la oposición, otra reforma que rebajaba a mayoría absoluta la actual mayoría de 3/5 de las cámaras  necesitaria para renovar la composición del CGPJ, una reforma que, sin embargo, está por ahora paralizada en la Cámara baja.