La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció esta semana la intención del Gobierno de subir para el próximo año los impuestos de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. Aunque este jueves la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que "de ninguna manera" el Gobierno habla "de subir impuestos y menos a corto plazo", sino que de lo que se trata es de afrontar la modernización del sistema fiscal, lo cierto es que algo se cuece desde Moncloa y que el temido incremento impositivo por parte de los ciudadanos llegará antes o después. 

Las comunidades más perjudicadas por la subida de impuestos que prepara el Gobierno para 2022

El Ejecutivo apela para justificar su decisión a que la presión fiscal en España (35%) es bastante inferior a la media de la Unión Europea, que se sitúa por encima del 41%. Este indicador mide la suma de impuestos y contribuciones sociales con respecto al Producto Interior Bruto (PIB) -la riqueza que produce un país en un tiempo determinado-. 

Sin embargo, hay que expertos económicos que consideran que la presión fiscal no es la herramienta adecuada para calcular el impacto que supone en el bolsillo de los ciudadanos el pago de los impuestos y afirman que el índice de esfuerzo fiscal es más preciso porque "relaciona la recaudación con la capacidad económica del contribuyente".

"El índice de presión fiscal es un índice impreciso, poco informativo y de una utilidad muy limitada para realizar prescripciones de política fiscal", consideran José Félix Sanz, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, y Desiderio Romero, profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, en su informe La insoportable levedad del índice de presión fiscal, publicado por el centro de análisis económico y social Funcas. 

Para justificar su afirmación, ponen un ejemplo de cómo una misma presión fiscal puede resultar desproporcionada en función del país en el que se aplique. Así, si a España se le aplicase la presión fiscal de Dinamarca (45,4%), el esfuerzo fiscal exigido a los españoles sería mucho más elevado, ya que los daneses tienen una renta per cápita de 51.600 euros anuales mientras que la renta per cápita española es menos de la mitad (24.000). 

Henar de Pedro

El documento concluye que España se encuentra entre los cinco países que someten a sus ciudadanos a un mayor esfuerzo fiscal entre los economías mundiales desarrolladas, lo que contrasta con su decimoquinta posición en lo que se refiere presión fiscal. En concreto, nuestro país sería cuarto de la tabla en el índice de Frank (ver gráfico) -solo por detrás de Grecia, Portugal e Italia- y quinto del ranking en el índice de Bird -detrás de Grecia, Portugal, Italia y Francia-.

La paradoja de los países nórdicos

Estos expertos afirman que "presión fiscal y esfuerzo fiscal son dos conceptos diferentes". "Por eso, si las desigualdades económicas entre países preocupan, el índice de presión fiscal como indicador impositivo es muy deficiente", añaden. "Un análisis riguroso de los sistemas fiscales requiere de la aplicación de técnicas estadísticas, econométricas y de modelización matemática mucho más elaboradas que el simple cociente de dos macromagnitudes, como son la recaudación y el PIB", aseguran.

Del análisis, llama la atención la paradoja que se da en el caso de los países nórdicos, considerados como paradigma del Estado del Bienestar, donde pese a la alta presión fiscal que tienen exigen un esfuerzo fiscal a sus contribuyentes mucho menor que España. El motivo, señala el documento, es su elevada renta per cápita.

El informe de Sanz y Romero calcula el índice de esfuerzo fiscal para las principales economía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) utilizando los índices propuestos hace más de medio siglo por Henry Frank y Richard Bird, donde además de tener en cuenta la recaudación y el PIB, consideran también el tamaño poblacional y la renta per cápita.