La ley catalana de medidas urgentes ante la emergencia habitacional y la pobreza energética (24/2015) ha impedido 63.000 cortes eléctricos en hogares sin recursos de Cataluña, según ha informado la Generalitat.

La Generalitat de Cataluña y Endesa acuerdan condonar la deuda a 35.500 familias vulnerables

Esta ley, en la que se enmarca el acuerdo que la Generalitat ha firmado este lunes con Endesa para condonar la deuda a más de 35.500 familias vulnerables, nació de una iniciativa legislativa popular impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC y fue aprobada por unanimidad en el Parlament de Cataluña en 2015.

Según la ley, una de las más avanzadas del mundo en cuanto a la lucha contra la pobreza energética, cualquier corte en un hogar con personas vulnerables de acuerdo con el informe de exclusión residencial es un corte indebido sancionable.

Sin embargo, a pesar de esta ley, hasta ahora los límites competenciales de Cataluña no permitían imputar la asunción de los impagos a las compañías. Por lo tanto, la deuda quedaba en manos de unos convenios que necesitaban el consenso entre compañías y la Administración. Además, las compañías han reclamado esta deuda, incluso por vía judicial, a familias y ayuntamientos.

Ahora, tras el acuerdo de la Generalitat con Endesa, se regula esta ley por primera vez y se condona la deuda acumulada desde 2015 a las más de 35.500 familias vulnerables que sufren pobreza energética y no han podido asumir los pagos.

La mujer de 81 años que murió en un incendio tras un corte de luz

El debate sobre la problemática de la pobreza energética se reavivó, sobre todo, a raíz de la muerte de una mujer de 81 años en Reus en 2016 a causa de un incendio provocado por una vela que utilizaba para iluminarse tras dos meses con el suministro eléctrico cortado. Este caso provocó que entidades y políticos cargaran contra la compañía suministradora, Gas Natural.

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De hecho, la Generalitat anunció en junio de 2017 una sanción a la compañía de 500.000 euros por haber cortado el suministro a la anciana "sin haber solicitado previamente un informe de los servicios sociales municipales", tal y como marca la ley.

Además, el Ayuntamiento de Reus denunció ante la Fiscalía la muerte de la mujer y entidades como la PAH convocaron protestas para denunciar este caso bajo el lema "la pobreza energética mata" y para reclamar la aplicación de la ley.