La Generalitat de Cataluña y la compañía eléctrica Endesa han llegado a un acuerdo para condonar la deuda a 35.518 familias vulnerables, generada por no poder hacer frente a las facturas y que, desde 2015, asciende a 38,7 millones de euros.

Así lo han anunciado en rueda de prensa telemática el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, que ha señalado que era un "objetivo de legislatura", y el conseller de Empresa, Ramon Tremosa.

Fin de la judicialización

El Homrani ha explicado que la ley aprobada en 2015 para abordar las situaciones de pobreza energética evitaba que se cortasen los suministros, pero no que se acumulase la deuda con la compañía. Así, "la empresa podía reclamar esta deuda hasta en los tribunales, una práctica que no compartimos y que consideramos abusiva".

Este acuerdo acaba con esta judicialización al condonar la deuda acumulada desde 2015 a 35.518 familias y ofrece seguridad jurídica evitando también la acumulación de deuda en un futuro. "Endesa renuncia a toda nueva acción de reclamación por vía jurídica u otros procedimientos para reclamar la deuda" ha destacado El Homrani.

El conseller ha explicado que el acuerdo también incluye la instalación de un contador temporal "por seguridad y por salud" para familias que no dispongan de uno, que estén empadronadas y que dispongan de un certificado de vulnerabilidad, y ha añadido que este acuerdo "servirá de modelo para firmar otros con otras compañías de suministros".

Deuda asumida entre la compañía y la Administración

Endesa y la Administración Pública se harán cargo de los 38,7 millones de euros de deuda acumulada. La compañía asumirá toda la deuda generada entre 2015 y 2018 y la mitad de la generada entre 2019 y 2020 (28,1 millones en total).

La otra mitad de estos dos últimos años la asumirán las administraciones públicas (un 75% la Generalitat y un 25% las administraciones supralocales, con un total de 10,6 millones).

Por otra parte, el 50% de la deuda que se acumule desde enero de 2021 la asumirá Endesa y el otro 50% la Generalitat. En el futuro, se repartirá este 50% de la Administración Pública entre la Generalitat (75%) y las administraciones locales (25%).

El Homrani ha explicado que este acuerdo se ha plasmado en la firma de tres documentos: un convenio regulador entre el Govern y Endesa de cara a la deuda futura, otro para condonar la existente y un tercero entre la Generalitat y diversas administraciones para dividirse la deuda correspondiente.

Cinco años de negociaciones

Además de los consellers, en la rueda de prensa también han participado la tenienta de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Laura Pérez; la presidenta del Área de Cohesión Social, Ciudadanía y Bienestar de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; el director del Área de Desarrollo Social y Económico del Área Metropolitana de Barcelona, Héctor Santcovsky; representantes de las diputaciones de Girona, Tarragona y Lleida; la directora general de Endesa en Cataluña, Isabel Buesa; la presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, Francina Alsina, y la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, María Campuzano.

En las intervenciones, los participantes han destacado el "esfuerzo" que ha supuesto llegar a este acuerdo, en el que se lleva trabajando cinco años. "Ha sido un camino largo, excesivamente largo, pero ahora ya tenemos las herramientas necesarias para abordar esta grave problemática", ha señalado Alsina. 

"Estamos muy orgullosas de haber llegado hasta aquí. Primero, de proteger a las familias contra los cortes de suministros y después de evitar que se endeuden. Ahora toca seguir trabajando para que tanto Endesa como el resto de compañías asuman el 100% de la deuda", ha dicho Campuzano.

7.500 familias en Barcelona

La cuarta tenienta de alcaldía de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, Laura Pérez, ha detallado que en la ciudad viven aproximadamente 7.500 familias de las 35.518 a las que se les condonará la deuda con la compañía.

"La pobreza energética ha sido una prioridad para el Ayuntamiento. Consideramos que es una grave vulneración de derechos que afecta, calculamos, al 10% del total de la población de Barcelona, así que no es un tema menor", ha explicado.

El consistorio creó en 2016 puntos de asesoría energética que, desde entonces, han atendido a más de 90.000 personas y han permitido paralizar más de 65.000 cortes de suministros. 

"Hemos trabajado de la mano con la sociedad civil organizada y, concretamente, con la Alianza contra la Pobreza Energética, para hacer efectiva esta ley 24/2015", ha recordado Pérez.