El PP ya lo había avisado, y ahora lo cumple: ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Lomloe, más conocida como la ley Celaá, porque considera que "vulnera los más esenciales principios derechos y libertades en el ámbito educativo que recoge la Constitución", según apuntan desde la formación. El Partido Popular censura que la norma trate al castellano "como una lengua extranjera más" en algunas comunidades autónomas y sostiene que, además, lo elimina como lengua vehicular. Esto, dicen, supone un "incumplimiento" de la obligación del Estado de proteger el idioma.

El recurso, de 90 páginas, impugna 16 artículos (1, 8 bis, 10,12, 16, 17, 27, 28, 29, 50, 55 bis, 56, 78, 81 bis, 83 y 89) y dos Disposiciones Adicionales (la Tercera y la Cuarta) de la Ley Celaá, por entender que vulneran la Constitución española. En el recurso presentado por el PP se critica que en determinadas comunidades autónomas con lengua cooficial se trate al castellano "como una lengua no propia, ajena, extraña, obligada o impuesta que debe aprenderse o estudiarse como una lengua extranjera más".

"La ablación del carácter vehicular del castellano en la educación supone un incumplimiento de la obligación del Estado de garantizar tal carácter de la lengua oficial de España en el ámbito educativo", expresa el recurso. Además, este movimiento impide que los alumnos puedan "utilizar el castellano como lengua vehicular, normal y natural".

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También se recurre la norma para "proteger la educación especial y concertada" porque, añaden, no se prima la preferencia de los padres para que sus hijos sean escolarizados en centros de educación especial, "porque entienden que eso favorecerá mejor la integración laboral, social y familiar". En lo que se refiere a la concertada, el PP considera que la ley Celaá pone en peligro el futuro porque instala la "prohibición de percibir cualquier tipo de aportación" para estos centros. 

El recurso del PP añade que la ley Celaá "borra por completo la toma en consideración de la oferta complementaria existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social", canalizándola prioritariamente a través de los centros públicos y dejando a los concertados y a la voluntad de las familias "una función subsidiaria, subalterna y prescindible".

El partido critica duramente la maniobra del Gobierno de Sánchez. "El Estado no es enteramente libre para diseñar y programar un determinado sistema educativo público, sino que ha de hacerlo preservando, promoviendo y posibilitando el pleno reconocimiento y ejercicio de todas las facetas y contenidos del derecho fundamental a la educación", incluyen en el recurso.

Asimismo, el PP considera que hay otros aspectos de la norma "que son inconstitucionales no por lo que dicen sino por lo que omiten, como por ejemplo la inclusión de la asignatura de religión en la ordenación de las distintas etapas educativas". 

El PP aclara además ante el Constitucional que la educación diferenciada por sexos "no es un sistema pedagógico que persiga, promueva, ampare, justifique o inculque alguna concepción de la desigualdad entre hombres y mujeres", y se señalan "múltiples ejemplos de esta enseñanza en distintos países". Por último, los populares también se posicionan en contra del proceso de aprobación de la norma, sin consenso con la comunidad educativa, según sentencian.

"Esta ley crea tres problemas principales: de libertad, de unidad del sistema y de calidad del mismo", explicó Pablo Casado tras presentar el recurso, antes de reiterar la posición de su partido. "Queremos garantizar la libertad de elección para los padres. Esta ley pone en riesgo que los niños con discapacidad puedan acceder a la educación especial". En este sentido, ha censurado los pasos dados por el Ejecutivo. "Este Gobierno no ha pactado con la comunidad educativa, no ha pedido un informe al Consejo de Estado y se ha tramitado en pleno estado de alarma", recordó el líder de la oposición.

Casado insistió en las críticas que lleva haciendo el PP a la norma desde que se planteó. "Esta ley va contra la calidad educativa. En primer lugar, permitiendo pasar de curso con más asignaturas suspensas. Se arrasa la cultura del esfuerzo, del mérito y de la capacidad, que es lo que consagra el ascensor social de la educación", esgrimió el líder popular. "Nosotros queremos garantizar que el español sea lengua vehicular en toda España, tal y como dice la Constitución", añadió. Para Casado se está viendo "un uso torticero de la educación al servicio de intereses partidistas".