En ambos casos, las infracciones cometidas se refieren a saltarse cierres perimetrales decretados, se consideran leves y la propuesta de multa es de 300 euros.

En uno de ellos se vulneró la medida de prohibición de entrada y salida salvo causas justificadas en el ayuntamiento de Barro; y en otro, en el ámbito territorial delimitado de forma conjunta por los ayuntamientos de Pontevedra, Poio y Marín.

En ambos casos, el anuncio del DOG hace constar que el procedimiento administrativo no se pudo notificar a los interesados por la vía ordinaria, por lo que se les da traslado a través del boletín autonómico gallego.

La Xunta ha incidido en que ningún comportamiento que atente contra la sanidad pública quedará sin sancionar, e incluso alcanzó un acuerdo con el fin de tramitar los procedimientos en aquellos casos en los que a los ayuntamientos de menor tamaño les resulte más complicada la gestión.