Este aumento sustancial de los retrasos conlleva, en ocasiones, la prescripción de la condena o, en caso de no ejecutarse a tiempo, impide que los condenados puedan cumplir este requisito para acceder a la suspensión de la ejecución de la pena de prisión.

Por una parte, falta espacio para realizar los cursos de formación, lo que se ha agravado con las limitaciones impuestas por el coronavirus, y por otra, entidades sin ánimo de lucro que colaboraban para hacer posible el cumplimiento de estas penas, como las residencias, la Cruz Roja o centros de día, han limitado el acceso a sus instalaciones.

En los informes elaborados por los órganos encargados de la ejecución penal en el País Vasco y del Servicio Vasco de Gestión de Penas (SVGP), recogido en un acuerdo de la Sala de Gobierno al que ha tenido acceso Europa Press, se constata "el retraso importante" que existe en el cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad.

Los Juzgados de lo Penal en Euskadi imponen un elevado número de condenas que conllevan estas penas, sobre todo en casos relacionados con la violencia doméstica y sobre la mujer, y contra la seguridad vial. Estas penas implican diversos trámites administrativos, como búsqueda del trabajo acomodado a las circunstancias personales, familiares, sociales y laborales del penado, entrevistas personales o dar de alta en la Seguridad Social, ente otras.

Aunque el retraso, según el juzgado de ejecutorias penales número 7 de Bilbao, es "estructural", por falta de medios, personal y espacios donde llevar a cabo los trabajos, que se realizan en los Palacios de Justicia o fuera de ellos gracias a las entidades colaboradoras con el SVGP, tales como parroquias, residencias de ancianos, comunidades terapéuticas para recuperación de adicciones, etc, la situación se ha visto agravada por las restricciones decretadas con motivo de la pandemia.

La reducción de espacios y aforos, o la prohibición de entrada a personal no sanitario, ha incrementado el retraso "exponencialmente".En el caso de la capital vizcaína, el SVGP cuenta con la autorización para utilizar una la sala de vistas del Palacio de Justicia de Buenos Aires, pero es de pequeñas dimensiones y ahora, con las medidas anticovid, solo pueden darse cursos a nueve personas, frente a las 30 que podían asistir con anterioridad a la pandemia. La consecuencia de este problema, es que, en caso de no ejecutarse a tiempo la condena, prescriben las penas.

Por ejemplo, en Bilbao en 2021 hay programados 35 talleres de seguridad vial, que, con un aforo de nueve personas, supondrían el cumplimiento, como máximo, de 315 penas de trabajos en beneficio de la comunidad. De obtenerse una nueva sala o recuperar el aforo a 31 personas, como antes del coronavirus, la previsión sería de 1.050 penas.

SAN SEBASTIÁN

En cuanto San Sebastián, el Juzgado de lo Penal número 4, con competencia exclusiva en ejecutorias penales, también expone, en otro informe, que "existe un retraso considerable" en el cumplimiento de este tipo de penas por la pandemia.

En la capital donostiarra se reproduce la situación de imposibilidad de realizar los trabajos determinados en la condena y de desarrollar los programas formativos, "en especial los referidos a la igualdad de trato y no discriminación".

Todo esto provoca "disfunciones", ya que los trabajos o medidas impuestas, como los programas formativos, como condición para acceder a la suspensión de la ejecución de una pena de prisión, están "en lista de espera" por tiempo superior al determinado, por lo que estos condenados no pueden cumplir este requisito.

Igualmente, el Juzgado de lo Penal número 2 de Vitoria-Gasteiz califica de "evidente y preocupante" el retraso en la realización de los trabajos en beneficio de la comunidad.

DATOS DEL SVGP

El Servicio Vasco de Gestión de Penas recuerda que, según la memoria correspondiente a 2019, registró un total de 12.267 medidas a ejecutar y, en el momento actual, tiene pendiente de cumplimentar 4.446 en los tres territorios, 2.611 en Bizkaia, 929 en Gipuzkoa y 906 en Álava.

"La paralización de actividades durante el primer estado de alarma ha supuesto, como en otros órdenes, una acumulación sobrevenida de asuntos pendientes a los que ahora hay que encontrar salida", asegura.

En estos expedientes ha existido un retraso estructural durante años. Por ello, en 2020 se redimensionó para atender la acumulación de ejecutorias y se incrementó en 15 efectivos el equipo humano, con lo que este servicio quedó integrado por 40 personas. No obstante, ha resultado "complicado", por falta de espacios, acoger estas nuevas incorporaciones.

El SVGP señala que las directrices sanitarias han influido, asimismo, en la realización talleres en los palacios de justicia, como los de seguridad vial, que se impartían para grupos de 30 personas en los tres territorios históricos, lo que facilitaba el cumplimiento a cerca de 1.000 personas al año, algo ahora "imposible".

La crisis sanitaria y económica derivada de la covid ha llevado a la desaparición de más de la mitad de las plazas con las que contaba el servicio para el cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad, ya que muchas entidades han suspendido la colaboración con el servicio o han limitado las plazas que ofertaban, como residencias de personas mayores, clubes y polideportivos o de algunas de las asociaciones que trabajan con personas en situación de exclusión o vulnerabilidad.

Todo ello ha llevado a la conclusión de que es preciso "un plan de choque para disminuir notablemente el retraso actualmente existente". Para ello, plantea que se habiliten espacios y lugares para la prestación de los servicios del SVGP. Con vista puesta más a futuro, se trabaja en la adquisición de inmuebles.

Además, ya se mantienen contactos para llegar acuerdos con el tejido socioeconómico e institucional para la realización de actividades comunitarias.

A la vista de estos informes, el TSJPV ha concluido que existe "un problema serio" relacionado con el cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad, y ha acordado que se habiliten salas de vistas de los palacios de justicia por las tardes, ya que no se celebran juicios en ese horario, sin que se interfiera en la actividad jurisdiccional. Esta actividad en las sedes judiciales cesará con el fin de la pandemia. Toda esta cuestión se trasladará, además, a la próxima reunión de la Comisión Mixta Interinstitucional.