Los disturbios por Hasel dificultan la despenalización urgente de los delitos de expresión que prometió Sánchez

  •  Moncloa cree que las protestas violentas como reacción al encarcelamiento de Hasel penalizan al Gobierno tanto como no cambiar la ley para evitar este tipo de condenas.
  • Los planes podrían cambiar si se considera oportuno desviar la atención sobre la "bomba de relojería" que es la 'ley Trans' a las puertas del 8-M
El conseller de Interior de Cataluña, Miquel Sàmper, ha asegurado que hubo "violencia gratuita" contra los Mossos en las protestas de ayer por la detención y la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel, ya que, a su juicio, los agentes "en ningún momento obstaculizaron la manifestación". Así lo ha indicado Sàmper en rueda de prensa junto al comisario de los Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, para analizar los disturbios que se produjeron anoche en varios municipios catalanes y que se saldaron con 18 detenidos de entre 17 y 26 años, 25 policías y 30 manifestantes heridos y daños en la comisaría de Vic (Barcelona) tras un intento de asalto.
Disturbios en Barcelona.

La evolución del caso de Pablo Hasel desde un atropello a la libertad de expresión a noches de disturbios en varias ciudades por su encarcelamiento ha llevado a poner el freno a los planes del presidente para despenalizar los delitos relativos a la libertad de expresión. Tras valorar hace dos semanas la posibilidad de reformar por la vía de urgencia el Código Penal para que expresiones injuriosas hacia la Corona o los delitos de odio o relativos a los sentimientos religiosos no conlleven pena de cárcel, Pedro Sánchez se muestra más cauto con los ritmos y todo parece indicar que de momento la reforma seguirá su curso ordinario y no se anticipará.

Según la reflexión que se hace en Moncloa,  ahora mismo penaliza tanto que la ley permita encarcelar a personas por las cosas que dicen en una manifestación o las letras de sus canciones como acometer una reforma legal cuando todavía no se han apagado el incendio de las protestas, lo que respaldaría Hasel -a quien se acaba de confirmar otra condena por amenazar a un testigo- y, en último término, se acercaría a los disturbios nocturnos de la última semana. 

El mismo Sánchez recordó el viernes el compromiso de hacer que manifestaciones que se enmarcan en la libertad de expresión no puedan penalizarse con cárcel y en Moncloa no se oculta lo excesivo que parece que unas meras declaraciones cuesten nueve meses de privación de libertad. No se cuestiona el trabajo de los jueces en el caso de Pablo Hasel porque han actuado conforme a la ley vigente, pero por eso se ve necesario cambiar la ley. No solo para acabar con las penas de cárcel, también para eliminar la "inseguridad jurídica" que hace la norma excesivamente interpretable en la actualidad, apuntan en el PSOE.

Sin embargo, en el Gobierno parece altamente improbable que, aunque necesaria, se decida ya desgajar la despenalización de delitos relativos a la libertad de expresión de la reforma más amplia del Código Penal. En el Ministerio de Justicia advierten de que los juristas apenas han empezado a trabajar sobre ella y en Moncloa se aconseja no legislar "en caliente" ni se oculta que hacerlo ya acercaría al Gobierno a los disturbios de los que la parte socialista de la coalición ha estado toda la semana condenando. El último, tres días después, el propio Sánchez, que avisó el viernes de que "en una democracia plena resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia" y avisó que el Gobierno la "hará frente".

Legislar en frío

Unos y otros señalan que es mejor "legislar en frío, no en caliente", a pesar de que el origen mismo de esta reforma legal es la "presión social" por el manifiesto de representantes de la cultura difundido hace dos semanas para deplorar la entrada de Pablo Hasel en prisión, entonces por haber proferido insultos a la Corona durante una manifestación a favor de Carles Puigdemont.

Un día después de anunciarse, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, abrió la posibilidad de que, si se consideraba adecuado, la reforma sobre los delitos de expresión podría sacarse de la reforma global del Código Penal -que contemplará también los delitos de sedición y rebelión, el 'solo sí es sí' como consentimiento en las relaciones o cambios sobre delitos medioambientales- para que pudiera estar listo en menos tiempo.

Dos semanas después y una vez que la condena a Hasel ha mutado en disturbios y en otra condena al rapero que ya no es por sus manifestaciones, el Gobierno vuelve a replegarse y apunta a una reforma sosegada de los delitos de expresión. Se habla de "desligar" los "incidentes graves" de la última semana de la acción del Gobierno.

En el Ministerio de Justicia se da una respuesta más técnica. "No se puede gobernar a golpe de noticias" y los juristas "están haciendo el trabajo seriamente". "El Gobierno manifestó su compromiso para modificar este grupo de delitos pero tienen que trabajarse", afirman en el departamento de Juan Carlos Campo.

A pesar de ello, en ninguna instancia del Gobierno se oculta que todo puede cambiar si se considera que hay que dar un "golpe de efecto", que en este caso, se plantearía para desactivar la "bomba de relojería" que reposa sobre la mesa del Consejo de Ministros: el conflicto encarnizado entre los dos socios de la coalición por la 'ley Trans'. Más aún cuando se acerca el 8-M.

No es menos brecha la que se ha abierto esta semana por Hasel, con los de Pablo Iglesias alentando primero a los manifestantes y sin ser capaces después de dar marcha atrás. Desde la óptica socialista se tiene claro que con tuits como el de Pablo Echenique, Unidas Podemos se deja en evidencia a sí mismo pero también que la postura de uno de los socios del Gobierno también le penaliza a la hora de legislar con urgencia.

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